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Cártel inmobiliario en Veracruz: corrupción salpica a jueces y notarios
*Esquema habría permitido apropiarse de terrenos al Cártel inmobiliario en Veracruz. El detonante fue un predio en Xalapa*
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En Veracruz, un grupo de abogados penalistas denunció la operación de lo que describen como un presunto cártel inmobiliario.
La denuncia involucra a funcionarios del Registro Público de la Propiedad, notarios, jueces y peritos del Poder Judicial, todos supuestamente colaborando para despojar propiedades de alto valor.
A través del uso de prestanombres y la manipulación de procesos legales, este esquema habría permitido apropiarse de terrenos en la región. El detonante fue un predio en Xalapa.
Este caso ha reavivado el debate sobre la corrupción en el sector inmobiliario: actores públicos y privados involucrados en esquemas similares.
- La falta de mecanismos efectivos de control y la complicidad entre instituciones son elementos clave que permiten que estas prácticas proliferen, dejando a las víctimas en una posición de vulnerabilidad.
Abogados han pedido que el caso sea investigado a fondo, no solo por la Fiscalía General del Estado, sino también por instancias federales.
¿CÓMO OPERA ESTE PRESUNTO CÁRTEL?
De acuerdo con un amplio reportaje de Milenio, el caso que destapó el escándalo se centra en una propiedad de 12 hectáreas en Xalapa, ubicada en una zona clave de la ciudad.
- Según la denuncia presentada por la empresa FINCAR MAZ S.A. de C.V., el proceso comenzó cuando dos notarios públicos, Miguel Ángel Díaz Pedroza y su auxiliar Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, dieron de baja una escritura en un solo día, un hecho inusual y sospechoso.
- Acto seguido, generaron una nueva escritura con un número subsecuente y procedieron a vender el terreno por 98 millones de pesos.
El predio en cuestión está sujeto a un proceso judicial por fraude y falsedad ante la autoridad, lo que debería haber impedido cualquier transacción. A pesar de esto, la venta se concretó, y los pagos se realizaron supuestamente en efectivo, lo que contraviene las normas administrativas que exigen realizar operaciones de este tipo a través de transferencias bancarias.
INCONSISTENCIAS Y UN PATRÓN SOSPECHOSO
Jorge Reyes Peralta, abogado de las víctimas, detalló a Milenio las irregularidades en el proceso. Según explicó, la transacción fue posible gracias a la intervención de un juez que emitió un fallo aún no definitivo, permitiendo a los involucrados ejecutar la venta.
A pesar de que los compradores obtuvieron una cédula catastral que los reconoce como propietarios, no han tomado posesión del terreno, que sigue en el estado original, con solo un pequeño taller en su entrada.
Reyes Peralta también señaló que los notarios omitieron reportar la operación de 98 millones de pesos a la Unidad de Inteligencia Financiera, como lo exige la ley en transacciones de alto valor.
Además, calificó la escritura generada como "nula de pleno derecho" y advirtió que las autoridades federales, como la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera, deberían investigar el caso.
EL PODER JUDICIAL BAJO LA LUPA
El presunto cártel inmobiliario no solo compromete a notarios y registradores, sino también al Poder Judicial. Tomás Mundo Arriasa, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de México, señaló que este caso no es aislado, sino parte de un esquema recurrente. Según Mundo Arriasa, la complicidad entre funcionarios judiciales y administrativos es clave para que este tipo de operaciones fraudulentas prosperen.
La industria del despojo de propiedades en Veracruz es una realidad. Estas redes están protegidas por jueces y registradores que actúan en contubernio con el gobierno estatal y notarios públicos, aseguró a Milenio Reyes Peralta, quien también destacó que existen numerosos casos similares pendientes de investigación.
RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS ACUSADOS
- El notario Miguel Ángel Díaz Pedroza rechazó las acusaciones y aseguró que actuó conforme a derecho. En un comunicado, explicó que la operación fue realizada en cumplimiento de una sentencia judicial que reconocía a los compradores como legítimos propietarios.
Sin embargo, los denunciantes argumentan que dicha sentencia no es definitiva y que las irregularidades administrativas en el proceso ponen en duda la legalidad de la transacción.
Por su parte, el Colegio de Notarios en Veracruz ha respondido que las acusaciones contra sus integrantes deben ser revisadas por las autoridades, aunque reconocieron que no es la primera vez que algunos de sus miembros enfrentan señalamientos similares.
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