Veracruz avala ampliar prisión preventiva y extinción de 7 organismos autónomos

El Congreso de Veracruz aprobó las minutas enviadas por el Senado de la República, relacionadas con la ampliación de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa y la extinción de siete organismos autónomos federales. 

Las modificaciones fueron respaldadas por las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), pese a las críticas de la oposición.

PRISIÓN PREVENTIVA

La reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 

• Entre los nuevos delitos incluidos destacan la extorsión, actividades relacionadas con el fentanilo —como su producción, almacenamiento o distribución— y la emisión de comprobantes fiscales falsos.

El decreto establece además que los jueces no podrán interpretar o flexibilizar la aplicación de la norma. Según el texto aprobado, "los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva".

• Diputados de oposición, como Montserrat Ortega Ruiz (PAN) y Héctor Yunes Landa (PRI), alertaron sobre los posibles abusos que podría generar esta reforma. 

Ortega Ruiz señaló que la modificación contradice una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2022, la cual ordenó a México eliminar la prisión preventiva oficiosa por considerarla violatoria de derechos humanos. 

"Esto abre la puerta para detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional y las fiscalías", advirtió.

Por su parte, Yunes Landa calificó la reforma como un mecanismo de persecución política. "Se trata de una herramienta para someter a los opositores, lo que representa un retroceso en el respeto a las garantías individuales", aseguró.

EXTINCIÓN DE ORGANISMOS

El Congreso de Veracruz también avaló la minuta para reformar y derogar disposiciones constitucionales en materia de simplificación orgánica. Esta medida implica la desaparición de organismos autónomos, cuyas funciones serán absorbidas por dependencias gubernamentales.

Entre los organismos eliminados se encuentran el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), cuyas funciones pasarán a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) desaparece y sus atribuciones serán asumidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

• Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también desaparece y sus responsabilidades se distribuirán entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Poder Judicial.

En el sector energético, las tareas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) serán gestionadas por la Secretaría de Energía (SENER). 

Además, las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se trasladarán a la Secretaría de Economía, mientras que las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) serán asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

• Legisladores como Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) y Elena Córdova Molina (MC) calificaron la extinción de los organismos como un golpe a las instituciones democráticas. 

"Se está consumando un retroceso en materia de transparencia y competitividad en un tronar de dedos", dijo Córdova Molina.

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Por su parte, Monserrat Ortega Ruiz criticó la desaparición del INAI, afirmando que esta medida permite al Ejecutivo concentrar poder. "Esto le otorga al gobierno la posibilidad de ser juez y parte, bloqueando a los ciudadanos el acceso a información sobre los gastos públicos", señaló.

El diputado priísta Héctor Yunes Landa subrayó que los organismos eliminados representaban apenas el 0.5 por ciento del presupuesto federal. "No hay justificación económica para su desaparición. Esto es un intento de subordinación de las instituciones autónomas al poder ejecutivo", afirmó.

Sin embargo, los legisladores de Morena, junto con sus aliados del PVEM y el PT, defendieron las reformas argumentando que buscan fortalecer la eficiencia administrativa y garantizar la seguridad. 

Las reformas fueron aprobadas con 38 votos a favor y 9 en contra en el caso de la prisión preventiva, y con 40 votos a favor y 9 en contra en el tema de simplificación orgánica.