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A enjuiciamiento, sistema de vigilancia yunista; TRIJAEV revisará presunta corrupción
Contraloría General confirma proceso legal por presuntas irregularidades
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La Contraloría General de Veracruz confirmó que el Sistema Estatal de Videovigilancia enfrenta un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), lo que se suma a la denuncia presentada anteriormente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Cabe señalar que el enjuiciamiento ante el TRIJAEV podría desencadenar acciones legales adicionales contra exfuncionarios vinculados al proyecto de la administración del panista, Miguel Ángel Yunes Linares.
El expediente ante el Tribunal fue iniciado tras cinco años de investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Se espera que este proceso lleve a posibles sanciones dirigidas a exfuncionarios que formaron parte del bienio.
Las acciones legales se suman a la denuncia presentada por la ASF ante la Fiscalía General de la República (FGR) este año 2023.
La ASF detectó graves irregularidades en el manejo de 350 millones de pesos destinados a la videovigilancia, lo que impulsó la apertura de ese proceso legal.
El Sistema Estatal de Videovigilancia, proyectado para funcionar desde el 16 de agosto de 2018, aún no ha sido implementado completamente.
A pesar del tiempo transcurrido, la instalación de seis mil 476 cámaras sigue pendiente, lo que ha sido criticado por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
El 16 de diciembre de 2019, el OIC de la SSP presentó el expediente de presunta responsabilidad administrativa derivado de la auditoría sobre las "Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz", realizada por la ASF.
Los documentos pertinentes fueron remitidos por la Dirección General de Fiscalización a Fondos Federales y la Dirección General de Fiscalización Interna de la Contraloría estatal.
La intervención de la ASF interrumpió la investigación en curso, ya que las irregularidades detectadas originaron la denuncia actualmente en proceso ante la FGR.
El OIC no inició procedimientos relacionados con el Sistema de Videovigilancia en 2018, pero en ejercicios posteriores se radicaron expedientes de presunta responsabilidad administrativa. Estos expedientes fueron acumulados y derivaron en el enjuiciamiento actual ante el TRIJAEV.
La Dirección General de Responsabilidades Administrativas, antes conocida como Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, es la autoridad encargada de llevar a cabo procedimientos de responsabilidad administrativa aplicables a servidores y exservidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, según lo establecido en el Reglamento Interior de la Contraloría General.
El Órgano Interno de Control asegura haber dado seguimiento al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa iniciado por la entonces Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública.
Inicialmente, no se identificaron faltas administrativas graves, pero esta determinación fue corregida en 2023.
NUEVAS DENUNCIAS
En medio de estas acciones legales, el artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar procedimientos por faltas administrativas graves.
Además, en caso de detectar posibles faltas no graves, informarán a los Órganos internos de control para continuar con las investigaciones correspondientes.
El artículo 98 de la misma ley establece que la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior investigarán y, de ser necesario, substanciarán procedimientos de responsabilidad administrativa.
Además, presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en los casos pertinentes.
El titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, Margarito López Jerónimo, informó sobre un procedimiento con un acuerdo emitido según el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual determina que, si no hay suficientes elementos para demostrar la infracción y la presunta responsabilidad, se cerrará el expediente, aunque este pueda reabrirse si surgen nuevos indicios o pruebas relevantes.
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