Con ‘Movimiento por la Justicia’, buscan evidenciar abusos por delito de ultrajes

Con la participación de senadores, abogados, familiares de presos políticos y ciudadanos que se dicen detenidos injustamente por el delito de ultrajes a la autoridad, este viernes comenzó a conformarse el “Movimiento por la Justicia” en Veracruz.

Dicha iniciativa es impulsada por el senador Dante Delgado Rannauro, quien cuenta con el apoyo de abogados y políticos de otros partidos.

Al evento, organizado en Banderilla, acudieron diferentes organizaciones estatales de Abogados Postulantes, quienes acordaron “sumar conciencias y voluntades para el respeto del Estado de Derecho y la impartición de justicia en Veracruz”.

Cabe recordar que el senador por MC renunció a la comisión especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz en el Senado, la cual recabó 90 expedientes que fueron turnados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta.

El pasado 26 de enero, al hacer pública su decisión, Delgado Rannauro dijo que la defensa de los derechos humanos y de los ciudadanos se puede dar “desde todas las trincheras”.

De esta manera, este viernes acordaron la realización de un frente común con el que se proyecta la presentación de denuncias contra fiscales, jueces, peritos y servidores públicos que habrían violentado la ley, principalmente con el delito de ultrajes a la autoridad y al realizar detenciones arbitrarias.

“Se acordó estudiar exhaustivamente todas las deficiencias y parcialidad con que actuó la Fiscalía, en contubernio con los jueces, para legalizar la detención de tantos veracruzanos por ultrajes a la autoridad; la mayoría de las barras, colegios de abogados del estado, nos comprometimos a hacer valer el estado de derecho. Denunciar a los peritos; fiscales y jueces que avalaron con su conducta esa ilegalidad”, dijo uno de los asistentes al evento.

Y es que la propia CNDH emitió la recomendación 146/2021 en la que pide al Ejecutivo en Veracruz la derogación de ese delito, una vez que comprobó la detención arbitraria de seis jóvenes en Xalapa, quienes fueron sometidos a proceso penal sin que la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentaran pruebas de una agresión contra los elementos policiacos.

En la mencionada recomendación, la CNDH también mandató a la Fiscalía General a denunciar a dos de sus fiscales, así como a siete policías de la Secretaría de Seguridad Pública que acusaron injustamente a los jóvenes.

Se trata de la fiscal décima tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Virginia Carrera Cumplido, y de la Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Susana Wong Palmeros.

Además, respecto a la SSP, debe proceder en contra de los elementos Luis Fernando Hernández Solís, Esteban Daniel Tiel Rivas, Rocío Nava Hernández, Filiberto García Reyes, César Eduardo García Morales, Lizbeth Solano Santiago y Jesús Carlos Flores Rivera, quienes perpetraron la detención irregular de las seis víctimas.

De esta manera, el senador y los abogados proyectan dar seguimiento a los 90 expedientes que llegaron a la Comisión Especial del Senado de la República para investigar supuestos abusos de autoridad, cometidos por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

“El acuerdo fue que, junto con los abogados, analizar todos los casos que tiene documentados la extinta comisión. Juntos proponer estrategias legales para lograr la liberación de todos aquellos que estén indebidamente en prisión y, de inmediato, presentar denuncias contra los funcionarios que quebranten, con su actuar, la ley. Todos los abogados se sumaron unánimemente al llamado”, añadió el participante al evento, quien pidió no hacer público su nombre.

De acuerdo con información que la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, entregó al Congreso de Veracruz, al menos se han realizado mil 33 detenciones por el delito de ultrajes a la autoridad de marzo el 2021 a la fecha; es decir, desde que el Código Penal fue reformado a propuesta del gobernador para endurecer el delito.