El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró su compromiso de que no habrá impunidad en el caso del asesinato de dos menores en la comunidad de La Patrona, en Amatlán de los Reyes.
De acuerdo con familiares de las víctimas, los responsables de este crimen son presuntamente elementos de la Fuerza Civil.
En respuesta a las demandas de justicia por parte de la organización Red Unidos por los Derechos Humanos A.C., el gobernador declaró que ya existen investigaciones en curso y que se actuará de manera contundente contra los culpables.
El mandatario estatal afirmó que se han realizado “avances significativos” en las investigaciones, pero debido a la sensibilidad del tema no se han proporcionado detalles específicos sobre el progreso de estas.
Sin embargo, dejó en claro que no habrá impunidad y que su gobierno no protegerá a nadie, a pesar de que los presuntos responsables pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En cuanto al caso específico, Eduardo y Jonathan, dos menores de 13 y 15 años respectivamente, fueron asesinados mientras lavaban un vehículo familiar.
Después del ataque a balazos, los elementos de la Fuerza Civil intentaron encubrir el incidente como un enfrentamiento, manipulando la escena del crimen.
A pesar de las declaraciones previas del gobernador en las que prometió que estos hechos no quedarían impunes, hasta ahora no se han presentado avances significativos por parte de la Fiscalía General del Estado.
“Hay avances y yo creo que como aquí se han dado a conocer que se han hecho detenciones sin que haya impunidad para nadie, así se actuará en ese caso.
“Para nadie, que se aclare y que se ve y si hay responsabilidades, adelante. Yo no tengo que intervenir, ni siquiera hacer sugerencias porque son elementos los presuntamente señalados entonces aquí no se protege a nadie “, dijo.
En otro tema, confirmó el intento de desalojo en el municipio de Medellín de Bravo debido a la invasión de propiedad privada. Según el gobernador García Jiménez, este desalojo se lleva a cabo en cumplimiento de una orden judicial.
El mandatario hizo un llamado a los afectados para que acaten la orden y abandonen la propiedad invadida, destacando que algunas personas han estado extorsionando a las familias afectadas, exigiendo dinero para permitirles permanecer en el lugar.