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Preocupa a la ONU vulnerabilidad de buscadoras como Araceli Salcedo
Representante en México de Naciones Unidas en alerta por asalto a buscadora veracruzana
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, representado en México por Alán García Campos, expresó su inquietud por la situación de inseguridad que enfrentan las madres buscadoras de personas desaparecidas en Veracruz, como Araceli Salcedo Jiménez, quien recientemente fue víctima de la delincuencia en las carreteras del estado.
Durante el Conversatorio "Derechos Humanos, Búsqueda y Justicia para Víctimas de Desaparición Forzada", organizado por la Universidad Veracruzana en la región de Veracruz, García Campos subrayó la vulnerabilidad a la que están expuestas todas las personas en el país, señalando que "en México nadie está exento de ser víctima de la delincuencia o de desapariciones."
El representante de la ONU destacó la necesidad de que las autoridades mexicanas garanticen la protección efectiva de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Recordó que Araceli Salcedo, presidenta del colectivo Familias de Personas Desaparecidas en Córdoba y Orizaba, fue asaltada junto con su hijo en la zona de las Cumbres de Maltrata, un hecho que puso en evidencia la inseguridad que rodea a estas actividades de búsqueda.
- “Por eso nos preocupa la noticia que se dio a conocer, este fin de semana, de lo que le ocurrió a una buscadora de Veracruz, Araceli Salcedo, en estos días”, enfatizó García Campos.
ENLISTA RECOMENDACIONES
Durante su intervención, García Campos enumeró una serie de recomendaciones para enfrentar la problemática de las desapariciones en México y, en particular, en Veracruz.
Subrayó que es necesario garantizar el derecho a la participación de las víctimas, atender sus necesidades de manera adecuada y brindarles una reparación integral, además de asegurar su protección.
“Coordinar y garantizar la coordinación efectiva entre todas las autoridades”, agregó, al referirse a la importancia de una acción conjunta entre los organismos encargados de la búsqueda e investigación.
El representante también señaló la urgencia de investigar de manera adecuada y diligente los delitos relacionados con la desaparición de personas y de desarrollar políticas de prevención bajo un enfoque de seguridad ciudadana, liderado por autoridades civiles y fundamentado en el respeto a los derechos humanos.
En este sentido, García Campos consideró alarmante que en México aún no se cuente con un registro nacional de personas desaparecidas confiable ni con un banco nacional de datos forenses.
“Fortalecer institucionalmente a todas las entidades, fundamentalmente a las de búsqueda, a las de atención y a las fiscalías especializadas y centros forenses y de identificación humana” es una de las medidas que, según el representante de la ONU, debería impulsarse para enfrentar este problema.
UN DESAFÍO DOLOROSO
El tema de las desapariciones fue calificado por García Campos como el más complejo y doloroso que atraviesa México. Resaltó que para enfrentarlo se requieren tres elementos fundamentales: voluntad, recursos y capacidad. Esta última, afirmó, debe ser fomentada desde centros de conocimiento como la Universidad Veracruzana.
El representante de la ONU recordó que, en 2021, el Comité de Desaparición Forzada visitó México y, tras elaborar un informe en 2022, recomendó al Estado mexicano incluir y fomentar programas universitarios dedicados a la enseñanza, investigación y divulgación de temas relacionados con las desapariciones de personas.
Finalmente, García Campos mencionó que más de 115 mil personas están oficialmente registradas como desaparecidas en México, y que la gran mayoría de estos casos permanecen en la impunidad.
“Hablamos de no más de 40 sentencias a nivel nacional. Hay, podríamos decir, un permiso, una licencia para desaparecer a personas y no hay consecuencia punitiva frente a un crimen que nunca debe de quedar carente de castigo.”
El representante de la ONU también señaló la emergencia forense en el país, destacando que existen alrededor de 52 mil cuerpos sin identificar en espacios públicos, una situación que agrava la crisis de derechos humanos que enfrenta México.
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