La ex jueza Angélica Sánchez Hernández lanzó fuertes acusaciones contra el sistema de justicia en el estado de Veracruz, señalando que opera bajo consignas y se dirige sistemáticamente contra presuntos adversarios del gobierno estatal.
La ex jueza Sánchez afirmó que en Veracruz no existe una verdadera separación de poderes y cuestionó la actuación irregular de la Fiscalía General del Estado.
Según su testimonio, cuando un acusado gana un juicio o recibe un amparo que podría liberarlo, la Fiscalía procede a detenerlo por otro delito para mantenerlo en prisión.
La ex jueza calificó esta táctica como sucia y contraria a los principios legales, ya que no se lleva a cabo durante el tiempo en que la persona está privada de libertad.
“Creo que es una táctica muy sucia por parte del Gobierno del Estado, porque si uno está en prisión preventiva atribuyéndole los delitos que sean, ¿por qué en ese momento no le ejecutan las demás órdenes? Para que lleve los procesos al mismo tiempo, pero esperan a que se le dicte una libertad o un arraigo domiciliario para en ese momento ejecutar otra orden de aprehensión. Esto sucede con muchas personas. Es ilegal porque no lo hacen durante el tiempo en que está privado de la libertad”.
Consideró esta situación como un grave deterioro de la imparcialidad en la impartición de justicia.
La ex jueza deploró la gravedad de la situación en Veracruz, argumentando que la justicia no actúa de acuerdo con la Constitución al aplicarla de manera parcial.
Además, señaló que debería actuarse con mayor firmeza contra aquellos acusados de delitos verdaderamente graves, como el abuso sexual, en lugar de centrarse en casos donde las acusaciones son menos fundamentadas.
“Esto es demasiado grave lo que está sucediendo en Veracruz. Creo que esta impartición de justicia no está actuando como lo marca la Constitución al aplicarla de manera parcial. También deberían de actuar en contra de aquellos que tienen denuncias por delitos verdaderamente graves como es un abuso sexual, a mí me atribuyen delitos contra la fe pública y tráfico de influencias y ninguno de los dos merecía prisión preventiva oficiosa”.
Mencionó haber sido objeto de presuntas prácticas ilegales, como la siembra de drogas y la obligación de disparar un arma de fuego en un cuartel, acciones que resultaron en acusaciones de ultrajes a la autoridad en su contra.