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Errores de FGE Veracruz dejaron en libertad a secuestradores, exhibe juez federal
David y Miguel Ángel, presuntos secuestradores, quedaron libres por ‘omisiones’ de la FGE
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David "N" y Miguel Ángel "N", acusados de secuestro agravado bajo el proceso 23/2020, saldrán de prisión gracias a un amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, a cargo de revisar el expediente otorgado a estos presuntos delincuentes ligados a delitos de alto impacto en la zona norte de Veracruz.
De acuerdo con los magistrados de la Justicia Federal, la Fiscalía no presentó una justificación suficiente para mantenerlos bajo prisión preventiva, después de que venció el plazo de dos años establecido en su causa penal, pese a que intentó ampliarlo por otros siete meses.
Estos supuestos secuestradores optaron por solicitar amparo para revisar la medida cautelar que se les había impuesto.
A pesar de que inicialmente se les negó la modificación de esta medida por el juzgado séptimo de Distrito, finalmente el Tribunal otorgó el amparo debido a que se había excedido el plazo establecido.
Además, los magistrados María Elena Leguízamo Ferrer, José Saturnino Suero Alva y Antonio Soto Martínez argumentaron que la Fiscalía, bajo la dirección de Verónica Hernández Giadáns, incurrió en omisiones sustanciales que permitieron dejar libres a los presuntos delincuentes.
“Por tanto, resulta evidente que dicho Fiscal no argumentó y menos aún acreditó en manera alguna, los tres elementos que, de conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debió demostrar para prolongar su aplicación (de la prisión preventiva).
PRESUNTOS SECUESTRADORES, DETENIDOS EN 2020
La detención de David y Miguel Ángel "N" se remonta al mes de julio de 2020.
Para la fecha de la audiencia de revisión de la medida cautelar, llevada a cabo el 7 de julio de 2022, aún no se había celebrado la audiencia intermedia dentro del procedimiento penal.
La defensa legal de los acusados presentó este argumento ante el Segundo Tribunal Colegiado, demostrando que el juicio de amparo no había interferido con el desarrollo del proceso penal y demandaron la modificación de la medida cautelar.
A pesar de la gravedad de los delitos imputados, que conllevaban una pena mínima de 40 años de prisión, la concesión del amparo se sustentó en parte en una argumentación insuficiente por parte de la Fiscalía General.
Esto debido a que a que no cumplió con sustentar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, elementos requeridos por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El tribunal enfatizó que, en caso de considerarse la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, dicha decisión debe estar sujeta a un escrutinio meticuloso.
El hecho de que el Fiscal no hubiera argumentado ni acreditado los elementos necesarios para extender la medida cautelar, según estándares internacionales y precedentes del máximo tribunal, fue un factor crucial en la revocación de la sentencia inicial.
LIBERACIÓN DE PRESUNTOS SECUESTRADORES PONE EN ALERTA A PJE
La liberación de David y Miguel Ángel "N" ha generado alerta en el Poder Judicial de Veracruz, pues los magistrados ordenan la liberación de los presuntos responsables de forma inmediata.
A pesar de enfrentar acusaciones de secuestro en la zona norte del estado, la protección otorgada por el amparo les permite a David "N" y Miguel Ángel "N abandonar el Centro de Readaptación Social de Tuxpan.
El lunes 7 de agosto la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, abordó esta problemática en una entrevista, expresando su inquietud ante la tendencia creciente de liberación de homicidas, pederastas y secuestradores gracias a suspensiones provisionales.
La magistrada cuestionó la manera en que las autoridades jurisdiccionales federales están otorgando estos cambios de medidas cautelares mediante "machotes" que no toman en consideración la gravedad de los delitos supuestamente cometidos por los detenidos.
En un lapso de tan solo 10 días hábiles, esta situación ha resultado en la liberación de aproximadamente 30 individuos presuntamente responsables de delitos graves.
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