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Digitalización del Archivo de Veracruz: Un laudo que el gobierno estatal no ha querido pagar
A pesar de ganar juicios, siguen sin recibir un pago por sus servicios
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Un grupo de 15 exempleados del Gobierno de Veracruz, quienes se consideran parte de “los empleados fantasmas”, denunciaron que tras ser víctimas de despidos injustificados ahora viven la falta de pago de laudos por parte de la administración de Cuitláhuac García.
Los afectados señalan que sus derechos nunca han sido respetados en una lucha legal que les ha tomado más de diez años, a pesar de sus triunfos ante tribunales que sentenciaron al Gobierno del Estado al pago de salarios caídos y su reinstalación.
DIGITALIZARON EL ARCHIVO DE VERACRUZ
Entre 2011 y 2013, los exempleados denunciantes tuvieron bajo su responsabilidad la digitalización de aproximadamente 120 millones de documentos del Archivo General de Veracruz, del Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad durante la administración de Javier Duarte.
En ese entonces fueron contratados por el Corporativo SOS, empresa que, según los afectados, solo servía como fachada para el gobierno de Duarte, quien actualmente se encuentra en prisión por diversos delitos.
En entrevista, los extrabajadores relataron que entre los documentos que digitalizaron había algunos firmados por el expresidente Benito Juárez, quien en 1858 estableció su gobierno constitucional en Veracruz durante la Guerra de Reforma.
El Archivo General conserva toda clase de registros históricos, aunque los extrabajadores apenas y podían “echarles un ojo” porque tenían como objetivo escanear miles de papeles cada día.
Los exempleados denunciaron que el proyecto de digitalización se realizó en condiciones precarias, sin todas sus prestaciones, seguro médico ni derecho a vacaciones.
Además, fueron obligados a trabajar horas extras sin remuneración por la empresa SOS, una compañía externa supuestamente contratada para tal labor.
Para cumplir con la meta de digitalizar todo el acervo del Archivo General, el personal fue dividido en tres turnos, trabajando día y noche. Incluso, se habilitaron oficinas en tres puntos de la ciudad de Xalapa para llevar y copiar documentos de los 212 municipios de Veracruz.
“Cada libro se descocía. Se separaban las hojas y las que estaban dañadas se reparaban y después se pasaban para escanear. Fue mucho el trabajo que hicimos durante más de dos años porque eran millones de archivos”, comentó una de las extrabajadoras en entrevista.
¿Y SUS PAGOS?
Los exempleados actualmente exigen el pago de sus derechos laborales y su reinstalación en sus puestos de trabajo. Consideran que el actual gobierno está repitiendo las mismas prácticas que tanto fueron criticadas.
“No somos empleados fantasmas, somos trabajadores que durante años le dimos nuestro tiempo y esfuerzo al Gobierno del Estado. Exigimos justicia y que se nos respeten nuestros derechos”, sentenció uno de los afectados.
Afirman haber sido despedidos de manera injustificada hace más de una década y prefieren mantener el anonimato por temor a represalias.
Denuncian que fueron engañados al ser contratados por una empresa privada que luego fue desmantelada, sin que se les otorgara una indemnización adecuada.
Según relatan, desde el año 2013, tras recibir asesoría legal, interpusieron una demanda que ganaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Sin embargo, a pesar de haber obtenido un fallo favorable, el personal de la Secretaría de Gobierno (Segob) y de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se niega a cumplir con el pago correspondiente.
Estos exempleados, quienes desempeñaban labores como capturistas, preparadores e integradores de documentos y digitalizadores, reclaman una deuda que asciende a más de 15 millones de pesos por salarios caídos, aguinaldos, días económicos, ayudas, capacitación y bono anual de despensa, entre otros conceptos, según consta en el expediente laboral 137/2013.
El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) confirmó que en realidad siempre estuvieron vinculados laboralmente con la Secretaría de Gobierno, ya que durante más de dos años trabajaron en oficinas oficiales y portando uniformes con los logos de la administración pública estatal.
La situación se agrava al constatar que, a pesar de los fallos judiciales a su favor, el gobierno se muestra renuente a saldar la deuda.
Incluso, han recurrido a la asesoría legal de despachos como la firma Viades, Llanes y Asociados, que recientemente demandó al gobierno de Cuitláhuac García por la omisión en el cumplimiento de los laudos, lo que ahora deberá ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción.
Entre los entrevistados, se comparte que algunos de sus compañeros han fallecido sin recibir la compensación que les correspondía, como en el caso de una trabajadora que sucumbió al covid-19.
Esta situación no solo representa una tragedia personal para los afectados y sus familias, sino que también evidencia la precariedad laboral y la falta de protección de los derechos de los trabajadores en el estado.
NO HAY REGISTROS
Por otro lado, la Secretaría de Gobierno, vía transparencia, confirmó en diciembre de 2023 que no existe ningún registro oficial del proyecto de digitalización supuestamente iniciado durante la administración de Javier Duarte.
Esta afirmación se suma a la falta de evidencia documental relacionada con dicho proyecto.
El actual director del Archivo General del Estado, Juan Eloy Rivera Velázquez, señaló que no se recibió documentación alguna relacionada con el proceso de digitalización durante el cambio de administración en 2018.
“El C. Moisés Delgado Magallanes, manifiesta que durante su gestión le fue informado del proceso de digitalización del Archivo General por parte de una empresa contratada para ello durante la administración anterior.
“Sin embargo, señala que el no recibió ninguna documentación relacionada…”, señaló Rivera Velázquez.
A pesar de las evidencias que apuntan hacia la existencia y ejecución del proyecto de digitalización, funcionarios como el titular de Sefiplan, José Luis Lima Franco, insisten en que existen "infinidad de sentencias" pendientes de pago que se arrastran de administraciones anteriores.
El gobernador Cuitláhuac García, por su parte, ha criticado las deudas heredadas, indicando que algunos pagos quedarán pendientes para el próximo gobierno.
Sin embargo, para los trabajadores afectados, esta situación refleja una continuidad en la falta de respuesta y la falta de compromiso por parte de las autoridades estatales.
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