El gobierno veracruzano, bajo la administración de Cuitláhuac García Jiménez, ha incumplido con el pago de deudas pendientes con proveedores, contratistas y hasta laudos ganados por extrabajadores.
Esta situación ha llevado a que jueces federales amparen a extrabajadores del gobierno estatal, quienes han sido afectados por la omisión de la administración gubernamental y la falta de exhaustividad y la deficiente actuación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, dirigida por Clementina Salazar Cruz.
Dicho órgano fue evidenciado por los jueces federales en el proceso de investigación, luego de que los afectados denunciaron el incumplimiento de laudos.
Y es que la Fiscalía se negó a investigar las denuncias interpuestas por extrabajadores que han obtenido fallos favorables en juicios ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Los fallos emitidos por el Tribunal han ordenado al gobierno de García Jiménez a realizar pagos correspondientes a salarios caídos y otras prestaciones, así como proceder a la reinstalación de los extrabajadores afectados.
Sin embargo, hasta la fecha, estas disposiciones no han sido cumplidas por la administración estatal.
El abogado Juan José Llanes Gil del Ángel, del corporativo jurídico “Viades, Llanes y Asociados”, denunció públicamente el incumplimiento de laudos, acusando a los responsables de cometer el delito de “incumplimiento de un deber legal”.
Además, en entrevista, resaltó que los extrabajadores afectados están siendo revictimizados por el gobierno de Cuitláhuac García, lo que los llevó a denunciar los hechos ante la fiscalía especializada.
“A los trabajadores se les hace víctimas cuando se violentan sus derechos laborales, se les vuelve a hacer víctimas cuando se les somete a procesos judiciales ineficaces y se les vuelve a hacer víctimas cada vez que tienen que ir a tratar con funcionarios déspotas y arrogantes que les dicen que no van a cumplir fallos judiciales”, señaló.
El abogado detalló que representa a casi 100 trabajadores que fueron despedidos de manera injusta durante las administraciones de Fidel Herrera, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.
En relación con la actuación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el abogado afirmó que esta instancia se ha negado a llevar a cabo las investigaciones correspondientes ante la omisión de los funcionarios estatales en el pago de salarios caídos y en el cumplimiento de la reinstalación de los extrabajadores.
Además, señaló que el actual gobierno implementó una Comisión Intersecretarial para la Atención de Laudos (CIPAL), la cual, según sus palabras, “a forma de laberinto” ha buscado evadir el cumplimiento de los fallos judiciales,
A la par, ha proporcionado información insuficiente sobre la reinstalación de los afectados.
Ante esta situación señaló que recientemente los jueces federales han fallado a favor de los extrabajadores, ordenando a la Fiscalía Especializada investigar los hechos con apariencia de delito y llevar a cabo todas las diligencias y actos necesarios para esclarecer las denuncias presentadas.