Indira, Yunes y AMLO

Hasta antes del pasado miércoles 21 nadie se explicaba por qué, a pesar de las denuncias bien sustentadas que entre 2016 y 2019 presentaron representantes legales de la Sección 32 del SNTE y altos funcionarios del gobierno del estado y del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares ante la Fiscalía General de la República (FGR), ninguna ha procedido.

El 4 de junio 2019, por ejemplo, el entonces auditor general del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla, presentó una denuncia de hechos ante la sede central de la FGR en la Ciudad de México contra la administración del panista por la contratación de 6 mil 324 cámaras de videovigilancia, por las cuales el gobierno de Yunes pagó anticipadamente mil 100 millones de pesos a la empresa COMTELSAT a pesar de que el 72% no servían.

Dos meses antes, el 9 de abril de ese mismo año, los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Cisneros Burgos y Hugo Gutiérrez Maldonado, respectivamente, presentaron también una denuncia penal similar ante la Delegación de la FGR en el puerto de Veracruz.

Pero tres años antes, el 8 de agosto de 2016, recién pasadas las elecciones en las que resultó triunfador, Yunes Linares fue denunciado por la Sección 32 del SNTE de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ante la FGR en la CDMX.

Javier Martínez, representante Jurídico del sindicato magisterial, señaló que de 2006 a 2010 en que se desempeñó como director general del ISSSTE, Yunes había autorizado un sistema de préstamos a los maestros que terminaron beneficiando a tres empresas cuyos accionistas eran él, su esposa y sus tres hijos.

Los montos otorgados al magisterio, explicó, eran descontados a través de la nómina de los profesores, quienes pagaron intereses altos por el dinero solicitados a través de préstamos a la financiera Consupago -filial del grupo empresarial Chedraui, cuyos ejecutivos son muy allegados al exgobernador del PAN-, la cual triangulaba los cobros y ganancias con las empresas Cobranza y Recuperación, Corporate Linkage e Intermediación Corporativa, de la familia Yunes.

Según estimó la Sección 32 del SNTE, las operaciones habrían ascendido a 236 millones de pesos entre 2008 y 2011.

Todo esto ya lo sabía desde hace cinco años el presidente López Obrador, quien en mayo de 2017, como dirigente nacional de Morena, en una gira por el norte de Veracruz se refirió a la llamada “Carpeta azul” con la lista de todas las propiedades de Yunes en México y el extranjero. En esa ocasión, anunció que pediría a la PGR que diera curso a las denuncias por enriquecimiento ilícito en contra del entonces gobernador.

Pero hasta ahora ninguna denuncia ha procedido ni procederá, según parece. La notoria ausencia de la senadora yunista Indira Rosales en la sesión de este miércoles para aprobar la reforma que pretende ampliar hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública dejó entrever un acuerdo entre AMLO y el jefe político del clan que actualmente controla la dirigencia del PAN en Veracruz.