Podría Corte IDH castigar a estado mexicano por caso Ernestina Ascencio, familiares piden condena ejemplar

Una extensa audiencia, cerca de 5 horas en la que, los representantes legales de la familia de Ernestina Ascencio Rosario -una mujer indígena quien muriera tras ser víctima de una violación tumultuaria por parte de efectivos del Ejército Mexicano, en febrero de 2007- solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que emitiera una condena contra el Estado mexicano.

"Las pruebas deben llevar a la Corte a la conclusión de que el Estado es responsable por la violencia sexual y torturaque miembros del Ejército mexicano perpetraron contra doña Ernestina Ascencio Rosario, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna", declaró en una audiencia ante la CorteIDH la representante de la víctima, Carmen Herrera.

Este jueves 30 de enero, la CorteIDH llevó a cabo la audiencia de Ernestina, mujer indígena náhuatl de 73 años de edad y quien perdiera la vida tras loa abusos de elementos del ejército mexicano, hechos ocurridos un 25 de febrero de 2007 en la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra Zongolica, estado de Veracruz, cuando la víctima salió a pastorear y posteriormente fue encontrada por su hija tirada en el suelo y en mal estado físico.

En todo momento hubo falta de acceso a la información y una investigación inadecuada que propiciaron una creciente impunidad y falta de acceso a una justicia efectiva. Martha Inés Ascencio, hija de la víctima, exigió justicia ante la Corte Interamericana dirigiéndose en su mayoría en su lengua originaria: nahuátl.

"Las autoridades estatales no solo ignoraron el testimonio del ataque sexual por pronunciarlo en su lengua, desestimaron evidencia clave, desviaron y archivaron indebidamente la investigación e intentaron frustrar la búsqueda de justicia de la familia", dijo su hija.

Los representantes solicitaron a la CorteIDH una sentencia "contundente" contra el Estado mexicano en la que ordene medidas de no repetición y de reparación, así como que se realice una investigación seria, imparcial e independiente de los hechos que abarque perfiles genéticos para identificar a los responsables.

Durante la audiencia, se exhibió que un intermediario del gobierno de Veracruz, identificado como René Huerta, intentó convencer a las hijas de Ernestina Ascencio de no investigar la muerte de su madre, además de ofrecerle un viaje a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, con todos los gastos pagados, para que se desistieran de exigir justicia para su madre.

Por su parte, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad y expresó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con el acatamiento de las disposiciones de la CorteIDH. Tras la audiencia de este jueves, las partes tendrán hasta el 3 de marzo del 2025 para entregar a la CorteIDH sus alegatos y observaciones finales por escrito, así como sus excepciones preliminares. Posteriormente, la Corte tendrá que emitir una sentencia definitiva.

El proceso ante la Corte Interamericana se centra en cuestionar las fallas del sistema judicial mexicano para investigar de manera efectiva las violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando involucran a comunidades vulnerables como los pueblos indígenas. La audiencia de este jueves es un momento decisivo para aquellas que luchan por la verdad y la justicia, no solo en el caso de Ernestina Ascencio, sino también para establecer un precedente vital en la protección de los derechos humanos en la región.

La búsqueda de justicia para Ernestina Ascencio, más allá de ser una obligación legal, es un imperativo moral crucial para avanzar hacia un futuro donde la integridad y la dignidad humanas sean respetadas y protegidas sin condiciones. Es nuestra responsabilidad seguir de cerca estos desarrollos y alzar la voz en defensa de aquellos cuyos derechos son vulnerados, pues, en última instancia, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.