Sigue la burla y abuso de Migración

La historia de Don José Luis González Manzano, un hombre de 80 años propietario del predio Santa Catarina, es un ejemplo claro de cómo las instituciones del Estado pueden volverse una carga, en lugar de ser garantes de justicia y legalidad.

Luego de permanecer de manera ilegal en su predio el Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, ahora las autoridades buscan operar desde ese mismo espacio un área de revisión fitosanitaria para el ganado que ingresa del estado de Chiapas a Veracruz, lo que incrementa el abuso y la burla hacia su propiedad privada.

Don José Luis, con el desgaste emocional de ocho décadas de vida -cayó enfermo dos días tras conocer el nuevo abuso-, se encuentra obligado a tomar medidas legales que nunca debieron ser necesarias.

Ante la negligencia del INM y la complicidad de las fuerzas armadas, ha decidido emprender acciones judiciales contra la SEDENA, la Guardia Nacional y el INM, además de acudir a instancias de derechos humanos nacionales e internacionales.

UN CIUDADANO ENFRENTANDO AL ESTADO INVASOR

El trasfondo de esta lucha va más allá de una disputa por arrendamiento. Representa un enfrentamiento desigual entre un ciudadano y un Estado que actúa como un invasor.

El propietario no solo ha sido privado del uso pleno de su tierra, sino también ha tenido que enfrentar un gasto económico y emocional desproporcionado para defender lo que, legalmente, le pertenece.

Esta situación ilustra cómo las instituciones públicas, lejos de fomentar la justicia, se convierten en perpetradoras de abusos.

Desde hace más de seis años, su terreno ha sido utilizado como base para un retén migratorio en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

Durante este tiempo, no solo ha enfrentado el incumplimiento de un acuerdo de arrendamiento que acumula una deuda de 2.4 millones de pesos, sino también ha visto cómo su propiedad es ocupada sin concesión alguna para actividades federales.

Este tipo de situación representa una clara invasión que deslegitima a las instituciones encargadas de proteger el Estado de derecho.

GUARDIA NACIONAL Y EL EJÉRCITO CÓMPLICES 

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, lejos de asumir una postura responsable, se deslindan del conflicto alegando que solo "apoyan" al INM. Por su parte, la SEDENA ha solicitado la intervención del Instituto Nacional de Migración, pero sin resultados tangibles.

El retén migratorio instalado en el predio Santa Catarina no solo ha provocado perjuicios al propietario, sino también a los ciudadanos y empresarios de la región.

La situación plantea una pregunta crucial: ¿qué tan efectivo es un retén que genera más problemas que soluciones? Y más aún, ¿por qué el Estado insiste en mantener operaciones en un predio cuya ocupación es claramente ilegal? Estas interrogantes solo pueden ser respondidas desde una perspectiva de abuso institucional y falta de planeación.

El caso de Don José Luis no es un hecho aislado; refleja una práctica recurrente en la que el Estado, en lugar de proteger a los ciudadanos, se convierte en su principal adversario. La propiedad privada, garantizada por la Constitución, se ve vulnerada por decisiones unilaterales que favorecen la improvisación y la negligencia.

Él, como tantos otros, ha expresado su respeto hacia el Ejército Mexicano. Sin embargo, también ha dejado claro que este respeto no puede ser excusa para tolerar abusos. Su decisión de llevar el caso ante derechos humanos internacionales demuestra la desesperación de un ciudadano que ve cómo sus derechos son ignorados dentro de su propio país.

SÍMBOLO DE ABUSO 

Las instituciones nacionales deben tener en cuenta lo siguiente:

Primero, la necesidad de respetar y garantizar los derechos de propiedad como base del Estado de derecho.

Segundo, la urgencia de que los organismos públicos coordinen sus acciones de manera transparente y legal.

Tercero, la importancia de escuchar y resolver los conflictos de manera pronta y eficiente, antes de que escalen a niveles internacionales.

El predio Santa Catarina se ha convertido en símbolo de cómo el abuso de poder puede destruir la confianza en las instituciones.

Don José Luis González Manzano, a sus 80 años, sigue luchando por lo que es justo, dejando una lección de dignidad y resistencia que debería incomodar a quienes, desde el poder, han optado por ignorar su caso.

AL OÍDO 

Por segunda ocasión, empleados de la jurisdicción sanitaria número 11, en el sur de Veracruz, lanzan un SOS a través de un escrito a la gobernadora Rocío Nahle y al Secretario de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón.

Acusan que siguen los actos de violencia, acoso y otros, en la Jurisdicción Sanitaria XI con sede en Coatzacoalcos. Señalan de nuevo a la doctora Susana Morales Castro y sus coordinadores.

 En el largo texto, trabajadores reiteraron la petición a la Gobernadora para destituir a la Jefa de Jurisdicción y advierten que tomarían las instalaciones y hasta harían paro de brazos caídos si no son escuchados.

Por cierto, se asegura que el viernes pasado Morales Castro había destituido al Administrador y al Coordinador de Riesgos Sanitarios, cosas de la vida la doctora no sabía que uno de ellos tenía una "madrina mágica", que fue diputada local, y hoy es subsecretaria, así que no tuvo más que regresarlos a laborar al otro día.

Dicen los que saben, que ya le aplicaron "el vómito negro" a la doctora y que 130 mil pesos que no aparecían, de repente ahí estaban.

Y a propósito de presuntos desvíos y señalamientos, el ex director del Itesco, Bulmaro Salazar Hernández, dice que tiene "la conciencia tranquila" tras el presunto daño patrimonial de 57 millones de pesos, donde por cierto no se mencionó su nombre.

Afirma que pronto comenzará "a liberar información". Veremos.

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