Cuitláhuac, el Javier Duarte de Morena

La política en México sigue enfrentando una acusación que se ha vuelto cada vez más común: el presunto desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma.

En esta ocasión, el señalado es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien ha sido acusado de presuntamente desviar hasta 5 mil millones de pesos entre 2019 y 2022 mediante una red de 227 empresas fantasma. 

Según una investigación de Excélsior, este esquema se asemeja al tristemente célebre modus operandi de Javier Duarte, exgobernador veracruzano encarcelado por malversación y desvío de recursos. En ambos casos, se observa un patrón que utiliza a beneficiarios de programas sociales como "representantes" de las empresas involucradas. 

El alcance de las irregularidades, si se confirman, revelaría no solo la debilidad de las instituciones locales, sino también la falta de transparencia y supervisión en el manejo de los recursos federales. 

La posible implicación de dependencias como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública eleva aún más el nivel de preocupación, pues ambas áreas son críticas para la ciudadanía. 

En este sentido, se cuestiona si estos presuntos desvíos obedecen a una estructura organizada para el beneficio de unos pocos, disfrazada de programas sociales que, en teoría, buscan apoyar a la población más vulnerable.

PROGRAMAS SOCIALES Y EMPRESAS FANTASMA: LA SUPUESTA RED DE BENEFICIARIOS “EMPRESARIOS” 

La investigación de Excélsior apunta que muchas de estas empresas tienen domicilios en colonias populares y son representadas por personas que, en realidad, son beneficiarios de programas sociales gubernamentales. Los convirtió en empresarios capaces de manejar contratos multimillonarios. 

Uno de los casos más destacados es el de Araly Rodríguez Vez, profesora de secundaria con un salario mensual de 9 mil pesos, quien, sin embargo, presuntamente obtuvo contratos por un total de 100 millones de pesos, presuntamente a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública. 

La sospecha radica en cómo una persona con un ingreso tan modesto pudo acceder a contratos millonarios sin experiencia aparente en el rubro de los servicios públicos o el suministro de insumos médicos. 

La semana pasada el noticiero de Nacho Lozano en Imagen TV reveló otros casos, como el de Misael Carmona Medina, un joven inscrito en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quien recibió presuntamente contratos por casi 23 millones de pesos. 

Así, la red incluye nombres variados y dependencias clave que, bajo la administración de Cuitláhuac García, han firmado contratos millonarios con personas y empresas que aparentemente no cuentan con el perfil adecuado para cumplir con sus compromisos. 

EL MODUS OPERANDI: UNA TÁCTICA QUE RECUERDA A JAVIER DUARTE 

En mayo pasado otra investigación del portal de noticias Animal Político también arrojaba luz sobre un patrón de conducta en el gobierno de Veracruz. 

Según este medio, el gobernador García empleó un sistema de creación rápida de empresas fantasma, con características sospechosamente similares al esquema de desvío de recursos que implementó Javier Duarte en su momento. 

De acuerdo con este reportaje, entre 2020 y 2023, el gobierno veracruzano contrató empresas creadas en poco tiempo, cuya representatividad estaba en manos de beneficiarios de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyo al Empleo, Adultos Mayores y Microcréditos para el Bienestar. 

El reportaje añade que cuatro de estas empresas recibieron contratos por al menos 439 millones de pesos entre 2020 y 2023, y que los jóvenes presentados como propietarios de estas compañías también figuraban como beneficiarios de programas sociales federales. 

Muchos de estos “empresarios” afirmaron no tener conocimiento alguno sobre los contratos adjudicados en su nombre y, lo que es peor, señalan que los servicios o productos supuestamente proporcionados nunca se materializaron. 

Según la investigación, estos contratos han sido financiados por programas federales destinados a mejorar la infraestructura social municipal y apoyar a las demarcaciones territoriales. 

Algunos ejemplos de estos fondos son el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIMS-DF), el Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas y el programa Escuelas al Cien. 

NADA CAMBIA, TODO SIGUE IGUAL 

Si las acusaciones se comprueban, el escándalo en Veracruz sería una muestra contundente de cómo la impunidad puede enquistarse en la política local sin importar el partido. 

El caso de Cuitláhuac García, presuntamente emulando el sistema corrupto de Javier Duarte, subraya la necesidad urgente de mecanismos de control más estrictos y eficaces. No basta con destinar recursos a programas sociales; es imprescindible asegurar que estos fondos realmente beneficien a quienes más los necesitan y no se conviertan en simples instrumentos para el desvío de dinero público. 

Mientras el gobernador Cuitláhuac García niega las acusaciones y continúa en su cargo, queda en el aire la pregunta de hasta cuándo la ciudadanía permitirá que estas prácticas continúen sin consecuencias. 

La corrupción y la impunidad en Veracruz tienen un alto costo, no solo económico, sino también social, pues destruyen la confianza en las instituciones y las alejan de su verdadera misión: servir al pueblo.

AL OÍDO 

Quien anduvo en estas fechas de Día de Muertos en este espacio terrenal llamado Coatzacoalcos fue el exregidor y todavía tesorero nacional de Movimiento Ciudadano, Agustín Torres. 

Realizó una visita a medios de comunicación de la ciudad, donde trazó algunas líneas discursivas de lo que puede venir en el futuro inmediato para Movimiento Ciudadano en el país, en Veracruz y Coatzacoalcos. 

Ya habrá tiempo de platicar lo que se viene también para el joven veracruzano, quien juega en las Grandes Ligas de la política nacional. No es cosa menor.

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