La representante legal de Barzón Resistencia Civil de Veracruz, Teresa Carbajal, se refirió a la elección ciudadana de jueces y expuso que hay inconformidad en torno a las sentencias emitidas por estos, incluyendo en el ámbito de quienes padecen abusos de usureros.
Indicó que en los últimos días ha dominado el tema del debate público lo relativo a la reforma judicial y a la propuesta de que sean del pueblo los que elijan no solo a los ministros de la Corte y a los Magistrados, sino a las personas que se habrán de encargar de impartir justicia.
Ello, con la ilusión de que esta manera se acabe la corrupción en el Poder Judicial de la Federación.
Teresa Carbajal refirió que el querer que la ciudadanía elija a los jueces nació con una encuesta que tomó el parecer del pueblo; "para saber si consideran que elegir a los jueces sea la mejor medida para que haya sentencias más justas y menos corrupción”.
“Basados en el pulso de lo que han oído o de lo que creen en torno a un asunto tan importante para la sociedad como lo es la impartición de justicia". Sin embargo, manifestó "que esta no es la forma de elegir a los jueces".
La representante de Barzón Resistencia Civil de Veracruz acentuó que "nadie puede hacerse justicia por su propia mano, ni ejercer violencia para reclamar su derecho dice la Constitución, nuestra máxima carta de derechos que como mexicanos tenemos y gozamos".
El camino establecido para obtener justicia ha sido a través de los juzgados, tribunales o como sea que les conozcamos; y desde luego los funcionarios que ahí trabajan, en sus distintas áreas, apuntó.
"Es cierto; no siempre se queda satisfecho con los resultados de las resoluciones, por eso hay que acudir al amparo en algunas veces y en otras es la ley la que no nos acomoda, o la que es injusta".
Ejemplificó el caso de las personas que defienden su patrimonio de las garras de la usura o de quienes firmaron documentos, contratos o simples pagarés, en donde entregaron su voluntad, su dinero y el fruto de su trabajo.
Hipotecando su vida por los siguientes 30 años, o hasta que se acabe la vida útil laboral.
"Y que ante el menor atraso son llevados a los tribunales en donde les hacen borrón y cuenta nueva de lo que pagaron o les imponen el castigo de que al no haber leído lo que firmaron, pues ya ni modo; y no tiene de otra más que pagar millones así sea que lo que pidieron hayan sido cientos".