La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Pleno del Consejo de la Judicatura de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, deberá pagar una multa de 10 mil 347 pesos por haber desacatado una resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
Dicha resolución exigía la reinstalación de la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado en sus funciones.
El juicio de amparo 433/2020, cuya última resolución se emitió el 4 de julio pasado, determinó que la titular del Poder Judicial del Estado no cumplió con lo establecido en el amparo concedido a Pérez Maldonado para su reincorporación.
Según el documento, el 30 de junio se emitió el oficio 2072/2023, firmado por el secretario general de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, dirigido al director de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial del Estado, en el cual se informaba a la magistrada que el 10 de agosto se llevaría a cabo una sesión para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
Sin embargo, el 27 de junio pasado, el Juzgado requirió a la magistrada presidenta que en un plazo de dos días convocara y celebrara la sesión para la restitución de Pérez Maldonado.
La magistrada presidenta no cumplió con la orden y tampoco justificó con pruebas adecuadas el motivo por el cual se postergó la sesión hasta agosto, lo que generó un retraso en la reinstalación. Como consecuencia, se aplicó la multa.
"Se impone una multa a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, consistente en cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que resultan de multiplicar dichas unidades de medida y actualización, por la cantidad de $103.74 pesos que es el valor vigente a la fecha de la emisión del citado acuerdo, de tal unidad de medida", se expone en el documento.
Además, de acuerdo con el artículo 192 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la magistrada presidenta que, en un plazo de dos días hábiles, convoque y celebre la sesión para la restitución de Pérez Maldonado.
En caso de no cumplir con lo requerido dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa equivalente a 150 Unidades de Medida y Actualización (15 mil 561 pesos), según lo estipula el artículo 258 de la Ley de Amparo.
Cabe destacar que el Pleno del Congreso local aprobó, el pasado 30 de mayo, el proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para ratificar el nombramiento de la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado.
Con base en la resolución emitida en el recurso de revisión 200/2022 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, se decidió restablecer a la magistrada en su cargo por un periodo de cinco años, contados a partir del 30 de julio de 2020.
Esto ocurrió después de que el Congreso local decidiera no ratificarla para un segundo periodo en el Poder Judicial.
Como consecuencia de esta resolución, se dejó sin efectos el nombramiento de la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos, quien había ocupado el cargo debido a la falta de ratificación de Gladys de Lourdes Pérez Maldonado.
Según lo establecido en el Artículo 59, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, Pérez Maldonado ocupará el cargo durante cinco años a partir del 30 de julio de 2020.