La administración estatal encabezada por Rocío Nahle deberá ejecutar la restitución del predio denominado Jinicuil Manso, ubicado en la congregación de Tapachapa en Coatepec, tras una orden emitida por la justicia federal.
Este mandato responde a un incumplimiento del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez hacia los legítimos propietarios, quienes obtuvieron una orden de desalojo contra 40 familias que habitan el terreno en disputa.
La orden judicial, emitida originalmente en octubre de 2022 por una jueza de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Pacho Viejo en la causa penal 7/2021, exige a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dirigida por Alfonso Reyes Garcés, realice la diligencia pendiente.
Los propietarios del predio Jinicuil Manso han señalado la falta de acción de las autoridades responsables para garantizar la restitución. A pesar de haber ganado el juicio y obtenido el respaldo de la justicia federal, la SSP incumplió con la diligencia programada para el 17 de diciembre de 2024.
Según los propietarios, la omisión permitió que el predio siguiera ocupado por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), quienes ocuparon las tierras desde 2019, al inicio del gobierno de García Jiménez.
El encargado de la delegación de Policía Estatal Región XIV con sede en Xico, justificó la ausencia de los elementos policiales para llevar a cabo la diligencia argumentando que movilizarlos podría comprometer la seguridad pública.
Ante el incumplimiento, el Juez Primero de Distrito solicitó al Juez de Control en Coatepec fijar una nueva fecha para la diligencia y notificar a la SSP. La orden judicial incluye la obligación de la SSP de asignar la cantidad de elementos necesarios para ejecutar el desalojo.
"Se requiere a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz para que, una vez notificada la fecha, comisione los elementos necesarios para llevar a cabo la restitución del predio Jinicuil Manso", señala el mandato.
El juez también instruyó al encargado de la Delegación de Policía Estatal Región XIV a garantizar la participación de los elementos bajo su mando en la nueva diligencia.
"Se puntualiza que las autoridades responsables deben realizar los ajustes necesarios para cumplir con el mandato judicial sin descuidar la seguridad pública", se lee en la resolución.
En caso de que las autoridades no cumplan con la orden federal, el encargado de la delegación policial podría enfrentar una multa equivalente a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo.
La justicia federal reiteró que cualquier excusa relacionada con la falta de personal no será aceptada como justificación para incumplir el mandato.
El litigio por el predio Jinicuil Manso comenzó en 2019, cuando los propietarios denunciaron la ocupación ilegal por parte de integrantes de la CIOAC.
Aunque los tribunales dieron la razón a los dueños, la restitución del terreno no se ha concretado en casi seis años.
Los propietarios incluso presentaron un amparo contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez por negarse a ordenar el desalojo con el uso de la fuerza pública, consiguiendo la protección de la justicia federal.