Dan revés judicial a empresarios Fernández Chedraui por despojo de terreno en Xalapa

El Poder Judicial de Veracruz confirmó un revés para los empresarios Manuel y Antonio Fernández Chedraui en un caso de despojo de un terreno en Las Ánimas, un conflicto que lleva más de dos décadas y que ha resultado en un auto de formal prisión en su contra.

La Tercera Sala validó la improcedencia de la solicitud de libertad por desvanecimiento de datos del 23 de agosto de 2018, emitida por la jueza primera de primera instancia en la Congregación de Pacho Viejo, manteniendo así la situación legal de los empresarios.

Se destaca que estos empresarios lideran proyectos de envergadura en el ámbito público, como es el caso de CHECA S.A. de C.V., donde Manuel Fernández Chedraui es socio y que actualmente está desarrollando la Segunda Etapa del proyecto conocido como “Nido del Halcón”.

AUTO DE FORMAL PRISIÓN

El auto de formal prisión fue dictado contra Manuel y Antonio Fernández Chedraui tras la denuncia presentada por Suria María de Jesús y María del Carmen Álvarez Beaumont, quienes afirman ser las legítimas propietarias del terreno en disputa.

Según su testimonio, personal contratado por los Fernández Chedraui se presentó en el terreno e instaló una cerca de malla, respaldando su versión con documentación pertinente.

Después de un prolongado proceso judicial, el Poder Judicial determinó que los empresarios eran conscientes de la posesión que las denunciantes tenían sobre los terrenos y, a pesar de ello, procedieron a invadirlos.

Los hechos denunciados tuvieron lugar el 29 de enero de 2011, lo que llevó a Suria María de Jesús Álvarez Beaumont y María del Carmen Álvarez Beaumont a presentar una querella por lo que consideraron un acto de despojo.

El 8 de octubre de 2012, la representación legal inició acciones penales contra Manuel y Antonio Fernández Chedraui. Tras múltiples trámites en el proceso, el 1 de diciembre de 2014 se emitió un auto de libertad por falta de elementos para proceder a favor de los empresarios, el cual fue revocado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Los magistrados determinaron que la evidencia recopilada después de la emisión del auto de formal prisión no es suficiente para validar la solicitud de libertad por desvanecimiento de datos, lo que significa que los empresarios siguen enfrentando el proceso penal en su contra.

Aunque los empresarios han intentado rebatir dicho fallo, la justicia federal ha rechazado sus impugnaciones.