El Ayuntamiento de Xalapa sigue siendo señalado por violaciones a derechos humanos que ocurrieron durante la administración del exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero, en particular, por hechos ocurridos en la Dirección de Participación Ciudadana.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acreditó que otra trabajadora de esa área fue víctima de acoso laboral y violencia de género por parte de sus superiores jerárquicos, situación que derivó en la emisión de la Recomendación 66/2024.
Según la CEDH, los hechos se remontan a 2018, cuando Francisco Domínguez Canseco asumió el cargo de director de la Dirección de Participación Ciudadana.
En este período, se denunciaron varias irregularidades administrativas y un ambiente laboral hostil. La víctima, identificada como V1, relató que su situación empeoró a medida que Domínguez Canseco generaba otros casos que dieron lugar a recomendaciones previas de la Comisión.
Entre los hechos señalados se encuentran las "faenas comunitarias" organizadas en condiciones inseguras y la destitución injustificada de personal.
Además, la denunciante detalló comentarios sexistas y humillaciones durante reuniones laborales. En una de las ocasiones, el director habría expresado: "Aquí se contratan puras chavas guapas", mientras que en otra reunión hizo comentarios despectivos sobre el desempeño y la vida personal de las trabajadoras.
La situación alcanzó un punto crítico cuando la Contraloría Interna del Ayuntamiento emitió una orden de restricción en contra de Domínguez Canseco debido a las acusaciones de acoso.
Sin embargo, según la denunciante, esta medida fue desatendida, y las represalias laborales persistieron. "Después de la restricción, fui relegada de mis funciones y colocada en un estado de inmovilidad laboral", comentó la víctima.
La investigación realizada por la CEDH concluyó que se violaron los derechos a una vida libre de violencia y a la integridad personal de la trabajadora. En la Recomendación 66/2024, la Comisión instó al Ayuntamiento de Xalapa a adoptar medidas para reparar el daño causado, garantizar un entorno laboral libre de violencia y discriminación, y ofrecer una disculpa pública a la víctima, así como una compensación por los perjuicios sufridos.