Antes omisa, ahora FGE investiga supuesta ejecución extrajudicial en Xalapa

Ya son dos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) procesados por haber participado en una presunta ejecución extrajudicial en Xalapa.

Se trata de un caso en el que la versión oficial que circuló es que uniformados repelieron una agresión por parte de los ocupantes de un taxi alrededor de las 11:20 horas en la avenida Lázaro Cárdenas.

Los oficiales les marcaron el alto cuando se trasladaban en el taxi XL-6197, pero los sujetos no acataron la indicación y comenzaron a disparar.

Se reportó que los uniformados repelieron la agresión y lograron abatir a uno de los civiles que disparaban en su contra. En el lugar también fueron detenidos dos hombres más que portaban armas de fuego.

No obstante, al proceder en contra de dos elementos de la SSP, la teoría de la Fiscalía es que se quiso aparentar un supuesto enfrentamiento entre elementos policiacos y presuntos delincuentes que viajaban a bordo de un taxi, uno de los cuales fue abatido.

De acuerdo con el organismo el sujeto que murió en el supuesto enfrentamiento fue ejecutado frente a sus dos acompañantes luego de haber sido detenido y sometido.

En los hechos participaron al menos una docena de policías, de los cuales apenas están identificados cuatro y se está procesando a los dos mencionados.

El elemento vinculado esta semana es el segundo detenido por el mismo caso. El titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, señaló que hay otros asuntos que están siendo investigados y por ello están colaborando con la Fiscalía para dar la información que sea necesaria y deslindar responsabilidades.

El elemento vinculado es Gerardo “N”, detenido e imputado por los hechos ocurridos el pasado 8 de febrero.

Fue vinculado por los delitos de homicidio doloso calificado y donde tiene la calidad de partícipe; incumplimiento de un deber legal, falsificación de documentos y contra la preservación del lugar de los hechos.

Autoridades ministeriales lo señalan como autor material de los últimos tres delitos y en el caso del otro policía detenido también está sujeto a proceso por participar en una supuesta ejecución extrajudicial.

Se investigan otros abusos

El titular de la Fiscalía, Jorge Winckler Ortiz, señaló que ha pedido al gobierno estatal poner a su disposición a 16 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fuerza Civil señalados de diversos delitos, no obstante solo había recibido ayuda en un caso.

Confirmó ante los medios que se investigan otras supuestas ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el municipio de Úrsulo Galván, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública abatieron a tres supuestos integrantes de un grupo criminal el pasado 27 de marzo.

Lo anterior debido a que la esposa de uno de los abatidos presentó una denuncia, ya que en imágenes que difundió la propia dependencia a través de un boletín ella identificó a su pareja, quien se veía esposado y escoltado por elementos de la Fuerza Civil. Después las autoridades le reportaron que perdió la vida en el supuesto enfrentamiento.

Sobre el mismo caso se investiga la denuncia interpuesta por un sobreviviente de dicho enfrentamiento, quien permaneció con vida pese a que recibió dos disparos de los elementos de la Fuerza Civil, y quien acusa que se trató de una ejecución extrajudicial, señalando que incluso les pusieron botas y chalecos de un grupo criminal.

Se argumentó que los abatidos eran trabajadores de la construcción que hacían reformas a una vivienda.

La Fiscalía también investiga otros abusos como la supuesta detención y violación de una maestra en Tlalixcoyan, quien fue privada de la libertad el pasado 15 de marzo. La víctima acusó a elementos de la Fuerza Civil de haberla retenido para abusar sexualmente de ella.

Un caso previo, ocurrido en el actual gobierno, es el registrado en el municipio de Actopan, en el que 10 elementos de la Fuerza Civil fueron señalados de robar, torturar y sembrar armas a integrantes de una familia mexicoamericana, quienes quedaron libres ante las inconsistencias del caso y denunciaron los hechos.