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Procesan por estafa a hijo de senador José Luis Pech

José Luis Pech Galera estaría vinculado con el desvío de 77 mdp en la ´Estafa Maestra´

Procesan por estafa a hijo de senador José Luis Pech

El hijo del senador José Luis Pech Varguez enfrenta un segundo proceso penal, por presuntamente estar vinculado con la contratación ilegal de más de 77 millones de pesos en la denominada ´Estafa Maestra´.

Se trata de José Luis Pech Galera, quien fue vinculado a proceso por el juez de control Luis Benítez Alcántara, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Presuntos desvíos

El exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR) fue procesado por primera vez en febrero de 2022, debido a un convenio firmado con la Sedatu el 29 de septiembre de 2015, en el que la dependencia pagó a dicha institución 20 millones 100 mil pesos.

Esto por un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la Secretaría. Ahora, se le acusa de haber suscrito otro convenio para elaborar una base de datos de 85 mil beneficiarios del Programa de Infraestructura 2016 y un modelo para supervisar sus acciones.

Por dicho convenio, firmado el 17 de febrero de 2016, la UPQR recibió un pago presuntamente ilegal de 77 millones 157 mil pesos. Ambos pagos suman un total de  97 millones 268 mil 290 pesos.

Procesan a cuatro más

Junto con Pech Galera fueron vinculados a proceso otros cuatro exfuncionarios: José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la a Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones.

Además de Javier Arrambide Olvera, director de Operación de Programas de Delegaciones e Información Estratégica, y José Luis Sánchez Buendía, director de Proyectos Estratégicos, todos ellos de la Sedatu.

Orozco Martínez e Ibarra Infante están acusados de haber realizado una contratación indebida con recursos públicos, mientras que Arrambide Olvera y Sánchez Buendía habrían promocionado autorizaciones de contenido económico.

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