Sistema de videovigilancia de Yunes, la historia de un fraude de mil mdp

En su último día como gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares inauguró las instalaciones del  Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i) en Boca del Río, así como la puesta en operación del Sistema Estatal de Videovigilancia para el estado, casi 6 años después, se confirmó que fue un fraude, pues nunca se concluyó dicha obra, pero se pagó.

El 30 de noviembre de 2018, a una horas de dejar la gubernatura, luego de tratar de imponer a su hijo como su sucesor, Yunes Linares inauguró las instalaciones del C5I, ubicadas sobre la avenida Ruiz Cortines, en el municipio de Boca del Rio, donde destacó la inversión de mil 100 millones de pesos para el proyecto de instalar un sistema que incluirá casi 6 mil 500 cámaras en todo el estado.

Un sexenio después, no todas las cámaras han sido colocadas y la gran mayoría no transmiten audio ni video en tiempo real, ni tampoco cumplen con la detección de vehículos robados, o dar alertas si detectan la comisión de un delito, y mucho menos identifican rostros de presuntos delincuentes como él presumió que se podría hacer.

Explicó en su momento, que para el sistema estatal de videovigilancia se instalaron mil 528 postes en todo el estado, así como 36 arcos en las entradas y salidas de las ciudades.  

Para ello se pusieron 26 antenas en todo el estado y 88 kilómetros de fibra óptica para mejorar la calidad de la señal.

Todo ello fue contratado a la empresa Comtelsat SA de CV, misma que ya había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por incumplir con unos contratos a Pemex, precisamente por no terminar obras y servicios.

Esta situación, no importó al ex gobernador y le dio un contrato por más de mil 100 millones de pesos, y ante el evidente hecho de que 6 años después aún no funciona, existen denuncias tanto por parte del Órgano de Fiscalización Superior como de la Auditoría Superior de la Federación por el fraude cometido.

Las denuncias

La denuncia contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares; el exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, y otros exservidores involucrados en el fallido sistema de videovigilancia que costó mil 100 millones, continúa vigente.

Conforme al último reporte dado por el actual secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla indicó que de las más de 6 mil 500 videocámaras que deberían estar enviando imagen en tiempo  real a las estaciones del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación, únicamente alrededor de 2 mil 600 ya cumplen con tal objetivo.

Ante tal situación, mencionó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha instruido acordar con la empresa Comtelsat que acelere los trabajos de instalación de las videocámaras, pero sobre todo que emitan la señal correspondiente del monitoreo a las calles y carreteras.

Precisó que por un lado, se ha acordado con la empresa cumplir con el contrato, pues durante el bienio yunista se le pagó el monto por dicho servicio; y por otra parte continúa el avance de la denuncia penal contra los responsables.

Indicó que en la región de Xalapa es donde hay un mayor avance en la instalación de videocámaras y que las mismas funcionen; y una vez que concluyan en esta región, los técnicos de la empresa Comtelsat harán lo propio en la región de Veracruz y posteriormente en Córdoba-Orizaba.

Lamentó que en el caso del subcentro de Fortín, es donde existe el mayor atraso, pues son contadas las cámaras de videovigilancia que envían señal en tiempo real.

Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla resaltó la importancia de contar con un sistema de videovigilancia que funcione, pues ayuda a inhibir la delincuencia y poder detectar incluso en tiempo real cuando se comete algún delito para tratar de impedirlo y detener a los responsables.

ASF y Orfis exigen se aclare

Hasta el momento, la Auditoría Superior de la Federación reitera que la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares cometió un daño patrimonial de casi 350 millones de pesos relacionados con el sistema de videovigilancia, debido a que dicho monto fue pagado con recursos federales.

Por ello, es que desde el 24 de noviembre del año 2022 presentó una denuncia en contra de quienes resulten responsables ante la Fiscalía General de la República por el daño a la hacienda pública federal, pues se trataban de recursos federales etiquetados.

Cabe recordar que durante el bienio de Yunes Linares originalmente se anunció la creación del sistema estatal de videovigilancia, con una inversión de 350 millones de pesos que posteriormente se elevó a 720 millones; finalmente, se pagaron casi mil 100 millones de pesos.

Derivado de ello, tanto la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz como el Órgano de Fiscalización Superior presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Fiscalía General de la República.

Aunado a ello la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la cuenta pública 2018, detectó que en el ejercicio de los recursos el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares incurrió en inobservancias de la normativa.

Principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de las Políticas y Lineamientos para el ejercicio de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.

Esto generó un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 349 millones 775 mil 700 pesos, que representan el 99.9 por ciento de la muestra auditada. 

Ahora, el exgobernador intenta alcanzar un cargo de senador, apareciendo como candidato suplente a dicho cargo donde el titular de la fórmula es su hijo y excandidato ala gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, niega estar denunciado y culpa al gobernador Cuitláhuac García del mal funcionamiento del sistema de videovigilancia.

Yunes contrató a empresa inhabilitada

A pesar de que existía un proceso de investigación por adjudicaciones irregulares a favor de Comtelsat SA de CV, y que previamente ya había sido inhabilitada por dejar obras inconclusas, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares instruyó dar el contrato del sistema de videovigilanca a la citada empresa, propiedad de Manuel Arroyo, dueño del periódico El Financiero.

La empresa contratada para este servicio fue Comtelsat S.A. de C.V. inhabilitada por tres meses por la Secretaría de la Función Pública (SFP) derivado de un procedimiento de investigación radicado en el expediente CI-S-PEP-004/2013, del Órgano de Control Interno de Pemex Exploración y Producción.

Aunado a eso, se le investigaba por una contratación directa del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social –por más de 539 millones de pesos–, que según las indagatorias se asignó indebidamente y con sobrecostos.

Las investigaciones fueron abiertas por la exministra Olga Sánchez Cordero cuando fue titular de Gobernación (2018-2021), con la coordinación de quien fuera secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en donde se exponen cómo se utilizó la figura jurídica de “seguridad nacional” para asignar de manera directa (sin licitación) miles de contratos de obras y servicios a empresas que no cumplían con los requisitos, otras eran fantasmas, unas más pertenecían a compadres y amigos, y muchas fueron utilizadas sólo para desviar recursos públicos en un presunto daño patrimonial por más de 3 mil millones de pesos.