Gobierno de Cuitláhuac usó a jóvenes de programas para desviar millones en Veracruz

Funcionarios de la administración de Cuitláhuac García Jiménez se valieron de jóvenes inscritos en programas sociales del gobierno estatal, quienes aparecían como representantes legales de una red de 227 empresas fantasma.

La operación encubierta que involucra a estas empresas fantasma ha dejado una marca profunda en la administración de Cuitláhuac García, quien hasta ahora no ha rendido cuentas claras sobre el destino de los recursos desviados ni ha implementado medidas para frenar este tipo de prácticas en su gobierno.

Entre 2019 y 2022, este esquema desvió más de cinco mil millones de pesos del erario, utilizando a beneficiarios de programas como "Jóvenes Construyendo el Futuro", quienes, sin experiencia empresarial, se vieron involucrados en contratos millonarios sin bases reales.

De acuerdo con Excélsior, la estructura corrupta consistía en adjudicar contratos directos a personas físicas o empresas fantasma, que solo existían en papel y cuyas direcciones fiscales correspondían a domicilios particulares, terrenos baldíos o tiendas de abarrotes en colonias populares. 

De esta manera, los funcionarios lograban desviar millones de pesos destinados originalmente a servicios públicos.

Uno de los casos más notorios es el de Misael Carmona Medina, según Excélsior, un joven de 29 años que, como beneficiario del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", recibió un contrato de más de 22 millones de pesos para el mantenimiento de equipos médicos. 

A pesar de no contar con experiencia en la materia, Carmona fue parte de este esquema, presentando documentos falsos ante las autoridades fiscales y utilizando un RFC incorrecto, según una revisión del portal de Hacienda.

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, EMPRESARIOS IMPROVISADOS

Otro caso destacado es el de Bethy Torres Hernández, una empleada de la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER) que, además de su sueldo mensual de 16 mil pesos, fue beneficiada con un contrato por más de un millón de pesos. 

El contrato, destinado a la prestación de servicios de mantenimiento para equipos médicos en la contingencia por COVID-19, fue otorgado de manera directa, a pesar de que Torres Hernández carece de experiencia en este tipo de trabajos, según Excélsior.

Este tipo de adjudicaciones se convirtieron en una práctica común, involucrando a jóvenes que nunca antes habían manejado empresas ni contratos de esta magnitud, lo que evidenció la falta de controles y supervisión por parte de las autoridades estatales.

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EMPRESAS FANTASMA: EL EJE DE LA OPERACIÓN

La profesora Araly Rodríguez Vez es otro de los nombres destacados en esta red de corrupción. Rodríguez recibió 39 contratos que suman más de 100 millones de pesos, distribuidos entre varias dependencias del gobierno estatal. 

Los contratos, otorgados en su mayoría por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública, incluían la venta de uniformes, equipo médico y despensas, todo bajo un esquema de empresas fantasma. 

La dirección fiscal de Rodríguez Vez, según los registros oficiales, correspondía a una pequeña tienda de barrio en Poza Rica, Veracruz, lo que pone en evidencia el fraude detrás de estas adjudicaciones.

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EL DESFALCO MILLONARIO: ¿QUIÉN INVESTIGA?

• La administración de Cuitláhuac García ha sido señalada por desviar más de cinco mil millones de pesos a través de contratos otorgados a empresas sin actividad real. Entre las empresas involucradas destaca Catoch Constructora, Comercializadora y Proyectos Integrales S.A. de C.V., cuyo propietario, Baruch García Bocarando, ha recibido más de 31 millones de pesos en contratos, la mayoría de ellos asignados directamente sin licitación. 

Los accionistas de esta empresa son jóvenes beneficiarios de becas y programas sociales, lo que evidencia un patrón en la forma en que se estructuró la red de corrupción.

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¿CÓMO SE DESVANECIÓ EL DINERO PÚBLICO?

El esquema para desviar estos recursos consistía en otorgar contratos que oscilaban entre 500 mil pesos y varios millones, siempre a través de adjudicaciones directas. 

Las empresas involucradas no existían más allá de los papeles presentados ante las autoridades fiscales, y los servicios o productos que supuestamente ofrecían no se entregaron, lo que permitió que se borraran las huellas del destino final del dinero.

A pesar de la magnitud del desfalco, hasta el momento no se han iniciado investigaciones a fondo para rastrear el destino de los más de cinco mil millones de pesos desviados.