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Cambios al Código Electoral de Veracruz, previo a elección de jueces y magistrados
Gobernadora envió iniciativa de reforma para regular la primera elección de personas juzgadoras
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La gobernadora, Rocío Nahle García, presentó al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Electoral estatal para regular la primera elección de jueces, juezas y magistraturas del Poder Judicial de la entidad.
El documento establece que las personas interesadas en participar podrán inscribirse en las convocatorias de los Comités de Evaluación entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2025.
Posteriormente, los comités conformados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial verificarán el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad hasta el 21 de febrero. El listado preliminar de aspirantes se publicará el 22 de febrero.
El proceso continuará con la evaluación de idoneidad de los candidatos. Un listado final será presentado el 12 de marzo. Para asignar los cargos disponibles, se llevará a cabo una insaculación pública que respetará la paridad de género.
De esta manera los resultados definitivos se enviarán al Congreso local el 14 de marzo, y la aprobación final deberá concretarse a más tardar el 17 de marzo.
Finalmente, el Congreso estatal recibirá los listados finales y expedientes antes del 20 de marzo para organizar el proceso electivo. Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura remitirá un listado de los actuales ocupantes de los cargos, incluyendo a quienes opten por un pase directo.
- Aquellos interesados en postularse para un cargo diferente deberán notificarlo al Congreso al menos tres días antes del cierre de la convocatoria, pues en caso contrario serán descalificados.
¿QUÉ PLANTEA LA REFORMA?
La iniciativa plantea que todo el estado se considere una sola circunscripción para la elección de juzgadores. Los cargos tendrán una duración de nueve años, con posibilidad de reelección, salvo en el caso de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, quienes tendrán un periodo de seis años sin opción a reelección.
El proceso electoral incluirá un tope de gastos para las campañas, que estarán financiadas exclusivamente con recursos personales.
Se prohibirá el financiamiento partidista y la contratación de propaganda en medios de comunicación. Para fomentar la equidad, se organizarán foros públicos gratuitos y se utilizará la plataforma del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para difundir perfiles y propuestas de los aspirantes.
La reforma incluye un nuevo apartado en el Código Electoral, denominado Libro Noveno, que detalla el procedimiento para la convocatoria, los controles de perfil profesional y las reglas éticas y de transparencia.
Cada Poder del Estado formará un Comité de Evaluación integrado por cinco expertos en derecho, encargados de coordinar las convocatorias, evaluar a los aspirantes y seleccionar los perfiles más aptos.
Los participantes tendrán derecho a impugnar decisiones sobre su elegibilidad ante el Tribunal Electoral. Este resolverá las inconformidades dentro de plazos que permitan la continuidad del proceso de evaluación. Las personas mejor calificadas serán entrevistadas públicamente para evaluar sus conocimientos y competencias.
OPLE VIGILARÁ
El OPLE tendrá un papel clave en la organización y supervisión del proceso electoral. Diseñará las boletas, garantizará el cumplimiento de los topes de gasto y promoverá la participación ciudadana. Además, supervisará que las campañas se realicen sin financiamiento externo y promoverá la difusión equitativa de propuestas.
Las campañas electorales durarán 30 días, permitiendo a los candidatos exponer sus trayectorias y propuestas en foros y entrevistas. Se prohibirá el proselitismo partidista, el uso de recursos públicos y la distribución de propaganda que implique beneficios económicos.
La iniciativa también establece que los materiales de propaganda deben ser reciclables y biodegradables. Asimismo, regula el uso de redes sociales, limitándolo a contenidos que no impliquen gastos adicionales. Estas medidas buscan garantizar un proceso justo, transparente y centrado en la elección de los perfiles más aptos para el Poder Judicial del estado.
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