La urbanización en zona protegida de La Martinica, cerca de la capital de Veracruz, ha generado señalamientos hacia el gobernador Cuitláhuac García.
El caso combina corrupción, uso indebido del poder y daño ambiental.
El proyecto pone en peligro el delicado ecosistema del bosque mesófilo, y se ha visto como un uso del poder político por parte de García Jiménez para beneficios personales.
A pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz ha negado que la obra esté dentro del área natural protegida, activistas denunciaron que la intervención ya ha tenido un impacto significativo.
La instalación de tuberías de agua y drenaje, así como la pavimentación, han alterado el entorno y amenazan con desestabilizar el ecosistema.
El caso ha generado indignación, no solo por el daño ambiental, sino también por la rapidez con el que se ha ejecutado la obra, con una inversión de 12 millones de pesos en recursos públicos.
Mientras otras comunidades en Banderilla llevan años luchando por la introducción de servicios básicos, esta área, ligada a figuras políticas de alto perfil del Gobierno de Cuitláhuac García, recibe una atención inmediata y privilegiada.
La Martinica, un área natural protegida desde 2010, fue diseñada para el disfrute y conservación de la naturaleza, específicamente del bosque mesófilo. Sin embargo, la urbanización en curso amenaza con impactar negativamente este ecosistema.
La Respuesta Oficial y el Conflicto de Intereses
El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, ha negado que la pavimentación de la calle esté dentro del área protegida.
No obstante, los colonos y defensores del medio ambiente sostienen lo contrario: la nueva urbanización y la introducción de servicios públicos beneficiarán únicamente, casualmente, a figuras políticas y sus familiares.
Los vecinos han expresado su frustración, afirmando que esta área privilegiada recibe atención inmediata y con fondos públicos.