El gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó al Congreso local una iniciativa para regular el trabajo de los operadores de grúas en el estado.
La propuesta, anunciada desde 2022, busca proteger a la ciudadanía de “tarifas excesivas” y permitir que el pago de infracciones se realice mediante tarjetas bancarias y transferencias electrónicas.
El proyecto de decreto incluye la creación de un registro actualizado de infracciones y definir una nueva vigencia de las licencias de conducir.
Asimismo, plantea que las empresas de grúas que ofrecen servicios de transporte público en la modalidad de carga especializado estén obligadas a contar con corralones adecuados para resguardar los vehículos, como parte de las medidas para “prevenir actos de corrupción”.
García Jiménez argumentó que la reforma tiene como objetivo principal transparentar los cobros y mejorar la calidad de los servicios de este tipo de transporte.
“(…) esta reforma tiene como fin transparentar los cobros, dar una prestación de servicios de transporte de calidad, frenando los casos de abusos y arbitrariedades cometidas por algunos concesionarios, permisionarios o autorizados.
“Regular las tarifas por el servicio de transporte público de carga especializado, así como los servicios auxiliares de la seguridad vial y la armonización de la aplicabilidad de ambas leyes”, explicó el gobernador.
La iniciativa plantea que el costo del depósito o de corralón no deberá exceder el 20 por ciento de la cantidad resultante tras aplicar una depreciación del 50 por ciento al valor contenido en la factura de origen del vehículo, incluido el IVA.
Para vehículos extranjeros, se tomará en cuenta el título de propiedad. Además, el proyecto regula el retiro de vehículos estacionados en doble fila o en estado de abandono, conocido como autos macetas, los cuales también podrán ser enviados al corralón por agentes viales.
El documento propone que los policías viales y agentes de Tránsito puedan detener a cualquier ciudadano, siempre que se identifiquen y expliquen el motivo de la intervención.
También faculta a los agentes para retirar de la circulación vehículos sin seguro o póliza de responsabilidad y llevarlos al corralón.
La propuesta contempla la administración del servicio de grúas por parte de los ayuntamientos mediante convenios con el Gobierno del Estado, siempre que cuenten con las capacidades técnicas y presupuestales necesarias.
Asimismo, se plantea la creación de un Sistema Digital de Cobro de Infracciones de Tránsito y Transporte, que incluirá el uso de tarjetas bancarias para evitar pagos en efectivo, a fin de "prevenir actos de corrupción".
La reforma también obligaría a los grueros a contar con corralones adecuados, a través de una regulación que incluya la implementación de medidas que prevengan actos de corrupción.
En caso de una demanda extraordinaria de transporte público, la Secretaría de Seguridad Pública podrá otorgar concesiones o permisos temporales con vigencia máxima de un año.
En relación con el Sistema Digital de Cobro de Infracciones, la Secretaría de Finanzas y Planeación supervisará que las infracciones y sanciones impuestas se ajusten a la ley y su reglamento.
El personal operativo de la Dirección de Transporte elaborará las boletas de infracción y podrá efectuar el cobro utilizando el sistema digital, prohibiendo aceptar pagos en efectivo.
La iniciativa también establece la obligación de los conductores a detenerse cuando lo indique un policía vial o agente de Tránsito, quien deberá identificarse y explicar la causa de la intervención.
"El policía vial o el agente de Tránsito retirarán el vehículo que se encuentre estacionado en lugar prohibido o en doble fila cuando su conductor se encuentre ausente", indica el documento.
Para los usuarios de bicicletas y triciclos, se propone el uso de chalecos reflejantes entre el ocaso y el amanecer, y en condiciones de baja visibilidad.
Respecto al cobro del corralón, la Oficina Virtual de Hacienda se encargará de realizar el cálculo conforme a los lineamientos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.
El costo aplicará cuando el vehículo tenga más de tres años de antigüedad y no exceda de seis meses en el depósito. La infracción contempla agravantes como conducir en estado de ebriedad, abandonar a las víctimas de un accidente o evadir la acción de la justicia.
Además, en los accidentes viales, los conductores involucrados deberán permanecer en el lugar y no mover los vehículos hasta que la autoridad competente tome conocimiento del hecho.
Se permitirá que los conductores puedan acordar la reparación de daños en presencia de la autoridad, incluso si el conductor responsable presenta aliento alcohólico.