Acusan a Fiscalía de Córdoba de “perder expedientes” en caso de despojo

Denuncias por corrupción y obstrucción de la justicia salpican a la Fiscalía en Córdoba por un caso de despojo que involucra a dos presuntos responsables y a un grupo de abogados, a quienes señalan de gozar de influencias ante dicho organismo.

Los supuestos afectados, padre e hijo, acusan que la Fiscalía General está favoreciendo a personas que se adueñaron de un departamento que en realidad es de su propiedad.

En entrevista explicaron que la lucha legal comenzó desde 2018 cuando procedieron en contra de Daniel Mejía Bustamante y Angelina Martínez Bravo, quienes a la fecha continúan buscando adueñarse del inmueble en disputa.

Reconocen que, si bien perdieron un juicio de desalojo en contra de estas personas, a quienes les rentaban la vivienda, desde el 2020 optaron por denunciarlos por el delito de despojo y amenazas, lo que consta en las carpetas de investigación 257/2022 y 548/2023.

Sin embargo, sostienen que los abogados Isela y César Jiménez Martínez, así como a Lino Arturo Aguilar Bernabé Tabata, comenzaron a mover sus influencias para manipular el proceso judicial a favor de Mejía Bustamante y Martínez Bravo, quienes son sus clientes.

“PIERDEN EXPEDIENTES Y RETRASAN AUDIENCIAS”

Entre las irregularidades, la familia afectada acusa el extravío de expedientes, la cancelación de audiencias, la fabricación de delitos y la presentación de acusaciones falsas por parte de Mejía Bustamante y Martínez Bravo, en un intento de desacreditarlos.

“Denunciamos en 2020, pero en la Fiscalía se prestaron a perder el expediente en cuatro ocasiones y ahorita en 2022 se retomó. El caso está en La Toma”, detallaron los afectados.

La familia reiteró que la Fiscalía de Córdoba ha sido cómplice de las malas prácticas de los abogados, ignorando sus denuncias sobre las artimañas legales que utilizan a su favor y brindando un trato preferencial a los acusados del despojo.

“Uno de ellos amenazó a mi hermana, grabándola en la calle y en su negocio. Los abogados nos hostigan y dicen 'no te metas conmigo'”, declaró uno de los afectados y explicó que por esta razón procedieron en contra de los abogados y su propia hermana denunció violencia de género debido a estas amenazas.

“La graba en la calle, la otra vez le gritó ‘no te metas con nosotros’; el despacho de ellos está enfrente de donde nosotros nos encontramos”, detalló el entrevistado, añadiendo que la situación se agrava con la presunta participación de la policía ministerial.

Los denunciantes acusan a estas personas de fabricar delitos y presentar acusaciones falsas. Según sus relatos, la Fiscalía de Córdoba está al tanto de estas prácticas y las respalda.

“En 2022 se hizo la denuncia por despojo y poco a poco el caso ha ido avanzando. El expediente está en La Toma. Ellos rentaban inicialmente y después comenzaron a pagar en abonos y posteriormente comenzaron con intimidaciones de que no se iban a salir”.

La familia que busca recuperar el departamento también proporcionó detalles sobre la ubicación del despacho de los abogados involucrados, señalando que se encuentra en las inmediaciones de la gasolinera RYR Córdoba.

Asimismo, informaron que han sido objeto de intimidaciones por parte de la Policía Ministerial cuando intentaron presentar denuncias por la intimidación.

Respecto a Angelina Martínez Bravo, los denunciantes afirman que fue arrestada en el año 2021 por ultrajes a la autoridad y amenazas, pero fue liberada rápidamente sin ser procesada.

Por esta razón, hicieron un llamado al gobernador del estado para que investigue estas denuncias y ponga fin a la presunta corrupción en el sistema judicial de Córdoba.