En una contienda legislativa crucial, la Cámara de Diputados ha establecido una fecha tentativa para la aprobación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Con el compromiso de concluir esta reforma antes del próximo periodo de sesiones en abril de 2024, la comisión de trabajo, que incluye representantes del sector empresarial, organizaciones sindicales y el gobierno federal, se ha reunido para analizar en detalle esta modificación.
Las diferencias entre el sector privado y las centrales obreras han vuelto a emerger durante las discusiones.
Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reconoció que esta reforma supondría un costo adicional del uno por ciento del PIB para el sector privado. No obstante, expresó disposición para dialogar sobre la viabilidad de destinar este porcentaje adicional a los gastos de las empresas.
Héctor Tejada, representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), alertó sobre los impactos potenciales de la reducción de la jornada laboral en los costos empresariales y los ingresos fiscales del gobierno federal.
Sin embargo, legisladores de diferentes fuerzas políticas y la representación del Ejecutivo reconocieron la necesidad de establecer medidas graduales y sectorizadas para evitar un impacto significativo en las empresas.
El legislador priista y secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, llamó a avanzar hacia una jornada laboral "digna y decente" de 40 horas semanales, destacando que el resultado debe beneficiar a México y a los trabajadores.
El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, instó a encontrar un punto intermedio y equilibrado que beneficie a todas las partes.
Aseguró el respaldo del PAN a la reforma, subrayando la importancia de consensuar una propuesta que refleje la gradualidad y diferenciación necesarias para su implementación.
La propuesta de reducción de la jornada laboral busca mejorar el rendimiento de los trabajadores y su impacto en la salud.
Implicaría una disminución de la jornada de trabajo a 40 horas semanales, proporcionando a los empleados dos días de descanso por cada cinco días laborables.
Con estas deliberaciones en marcha, el Congreso se encamina hacia un cambio significativo en el marco laboral mexicano.