UV: ilegalidad y paranoia

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, rindió apenas a mediados de septiembre su primer informe de actividades y ya enfrenta una crisis de legitimidad: el miércoles antepasado, la doctora Elena Rustrián Portilla renunció sorpresivamente a la Secretaría Académica, y ante la aparente ausencia de mejores opciones en su entorno que en 2021 lo llevó a la Rectoría, el sociólogo decidió proponer a la Junta de Gobierno para ocupar ese estratégico puesto vacante al doctor Juan Ortiz Escamilla, su excamarada del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, pero quien incumple con el requisito de edad máxima que exige la Ley Orgánica de la UV.

De hecho, Ortiz Escamilla, quien es reconocido como un valioso investigador académico, tampoco cumplía con este mismo requisito legal cuando previamente asumió la Dirección General de Investigaciones.

Anteayer, Jorge Manzo Denes, quien el año pasado contendió por segunda ocasión por la Rectoría, cuestionó en redes sociales un polémico comunicado que emitió la Junta de Gobierno de la UV para “transparentar sus decisiones” respecto a la designación del nuevo Secretario Académico.

En uno de los puntos medulares, el doctor en Neuroetología rebate la referencia a un antecedente similar, señalando que omiten decir que en aquella ocasión el mismo Abogado General de la UV le expresó a la Junta de Gobierno que “para la designación del Secretario Académico debería atenderse a la fracción II del Artículo 40 de la Ley Orgánica, esto es, a la condición de tener más de treinta años y menos de sesenta y cinco años de edad, al momento de la designación”. Manzo refiere que, así como ahora, en el pasado también se hizo caso omiso de ese artículo, y planteó que “como universitarios necesitamos de manera urgente analizar la transparencia en el desempeño de la Junta de Gobierno”.

En cuanto a la “interpretación” de la ley que menciona el comunicado oficial, recordó que quien tiene la atribución de estructurar y aprobar la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana es la Legislatura del Estado, no este grupo de notables de la UV, y recuerda un antecedente suscitado en diciembre de 2003.

En efecto, el pleno de la LIX Legislatura local, presidida por el entonces diputado priista, Amadeo Flores Espinosa, interpretó “de forma auténtica que el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en virtud del principio de no sujeción o no causación”, eximía a la UV del pago del Impuesto sobre Nómina previsto en el artículo 98 del Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Por ello, ahora Manzo Denes exige a la Junta de Gobierno que informe a la comunidad universitaria si sometió a aprobación de la Legislatura estatal su interpretación de ley para dispensar el requisito de la edad al doctor Ortiz Escamilla.

Sin embargo, el académico del Instituto de Investigaciones Cerebrales apunta, con preocupación, que para justificar esta ilegal designación la Junta de Gobierno haga la “grave aseveración” de que son momentos de “gran desmesura e intromisión política”, por lo que les pide presentar evidencias para hacer valer “nuestra autonomía”.