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Al pie de la letra

Un atentado más

2020-03-31 | 07:44 a.m.
Diario del IstmoDiario del Istmo

Este lunes, en Papantla, fue atacada a balazos la periodista María Elena Ferral, una comunicadora que ha tenido fuertes diferencias con algunos caciques fuertes de la región, específicamente con el ex alcalde de Coyutla, Basilio Picazo Pérez, quien en septiembre de 2017, siendo diputado local, renunció al grupo legislativo del PRI para pasarse a la bancada del PAN y votar un mes después a favor del desafuero del entonces alcalde priista de Coxquihui, Ángel Reveriano Pérez Vega, su amigo y ex correligionario, el cual fue acusado en la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de los presuntos delitos de evasión de presos, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia de particulares.


Corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar y determinar si, en efecto, las causas del intento de homicidio en contra de Ferral tendrían que ver con su oficio periodístico.


Sin embargo, no es la primera vez que implican a Picazo Pérez en este tipo de sucesos.


En junio de 2005, por ejemplo, la Policía Ministerial del Estado detuvo a Vicente Rodríguez Lazcano y Rodolfo Carballo Rivera, dos de los presuntos autores materiales del crimen del ex síndico de Coyutla, Miguel Alfonso Vázquez, los cuales, en su declaración ante el Ministerio Público de Papantla involucraron al ex munícipe priista como autor intelectual del homicidio ocurrido el 6 de mayo de ese año, según quedó asentado en el acta de investigación ministerial PAP3/257/05.


Como se recordará, Picazo traía fuertes diferencias políticas con el ex síndico, quien junto con la regidora Hortensia Escudero Escamilla lo había denunciado por corrupción ante el Congreso local.


El ex alcalde y su familia han mantenido un fuerte cacicazgo en esa región totonaca, donde se les atribuyen innumerables atropellos y abusos de poder, motivando que los pobladores, organizados en el Frente Ciudadano Coyuteco, evitaran que despachara en Palacio Municipal durante los cuatro años de su administración (2000-2004).


La FGE, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, debe esclarecer este alevoso ataque que es doblemente agraviante, porque la víctima es una mujer y periodista.


En los últimos tres sexenios el periodismo en México se ha convertido en uno de los oficios más letales: en los 15 años recientes –a partir de las administraciones de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN, y de Enrique Peña Nieto, del PRI– se registraron 139 homicidios y 22 desapariciones de periodistas nacionales.


Sin embargo, en el primer año del régimen del presidente López Obrador se llevaban contabilizados 11 periodistas asesinados en el país, de los cuales 7 fueron victimados durante 2019.


El caso más reciente ocurrido en Veracruz fue el de Jorge Celestino Ruiz Vázquez, corresponsal del diario Gráfico de Xalapa en el municipio de Actopan, ejecutado en agosto del año pasado en la localidad de La Bocanita, cuyo crimen le ha sido imputado al escolta del ex alcalde José Paulino Domínguez Sánchez, recién desaforado y actualmente prófugo por este homicidio y otros delitos.

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