Veracruz, al parecer, sigue siendo tierra fértil para los mega fraudes, no obstante que algunos de esos grandes timadores han parado en la cárcel, como José Ocampo Verdugo, de la Caja de Ahorro Veracruz. Pero otro, Pedro Martínez Escudero, de COFISUR, estuvo a punto de ser postulado como candidato del PT a diputado federal por Coatzacoalcos.
Ahora circula un expediente sobre un trío de presuntos vivales que se habrían vuelto millonarios con un supuesto Programa Nacional Emergente de Vivienda que data desde 2017 y mediante el cual han embaucado a miles de veracruzanos humildes que ambicionan vivir bajo un techo de su propiedad. El fraude ha sido tan exitoso que ya se habría extendido a otros diez estados más.
Los presuntos defraudadores señalados son Sotero Mendoza Martínez, un abogado originario de Zempoala, exregidor priista del Ayuntamiento de Úrsulo Galván y exdelegado estatal de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC; Leonel Tejeda, un excomandante de la Policía Intermunicipal y exdelegado regional de la SSP, así como exfuncionario del IPAX –de donde fue destituido por el actual comisionado Héctor Manuel Hernández Riveros por una denuncia de fraude presentada el 24 de mayo del 2019 en la Oficina del Gobernador Cuitláhuac García–, el cual se hace llamar dirigente nacional de la Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil A.C. (COSOCI); y el tercer socio es un supuesto auditor fiscal de la Secretaría de Hacienda, Ariel Viñas Zenteno, quien se encarga de expedir los folios y al que suelen presentar públicamente como el funcionario federal que desde el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y ahora en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se dedica a gestionar los recursos de la Federación para el apoyo a la vivienda en zonas marginadas y rurales.
En el montaje de este teatro, refieren que Sotero Mendoza y Leonel Tejeda suelen afirmar que cuentan con todo el apoyo “del señor Gobernador”, sin especificar que se trata de Ignacio Romero, autodenominado “Gobernador Indígena de Veracruz”, el cual dispone en cada municipio con un “Jefe Supremo Indígena Municipal” que se encarga de reclutar a cientos de interesados en conseguir un lote y vivienda de interés social con solo un pago inicial de 380 pesos por el folio recibido con el aparente membrete oficial de la Secretaría de Hacienda.
Actualmente se estima que el monto total del fraude rebasaría los 2 mil millones de pesos, considerando que el número de solicitantes defraudados rondaría los 300 mil, ya que aunque de ellos solamente la mitad cumplió con la aportación inicial, la otra parte sí habría logrado cubrir los 13 mil 500 pesos que se les fijó.
¿Qué tanto sabrán de esto el actual secretario de Desarrollo Económico, Enrique Nachón García, exgerente general del Instituto Veracruzano de la Vivienda, y su sucesor Hazael Flores Castro, quien fue líder sindical de los trabajadores del Invivienda desde antes de la gerencia del sobrino de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero?