El problema más grave de corrupción que va a tener que sortear el gobierno de Cuitláhuac García va a ser el de las ciudades judiciales de acuerdo a las auditorías realizadas por el Orfis y la Auditoría Superior de la Federación ascendía a más de 348 millones de pesos y hay cerca de 80 millones que siguen el misterio hacía que bolsillo de los funcionarios estatales fueron a dar.
El problema empezó cuando estuvo como presidente Edel Álvarez Peña de la Corte de Justicia del estado de Veracruz cuando su sucesora canceló los contratos al enterarse que había que pagar cada mes una elevada suma de decenas de millones de pesos por la construcción de dichos inmuebles de acuerdo a un contrato por varios años, en donde se manejó también entre los implicados al secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos.
Hasta el día 13 de marzo del presente año en la entrevista que sostuvo la auditora general del Orfis, Delia González Cobos, señala su preocupación sobre ese tema que sigue pendiente y que no se ha podido cerrar por el grave daño patrimonial que causara al estado de Veracruz.
Si bien es cierto el presidente López Obrador afirma que el gobernador García Jiménez es un funcionario honesto, no se puede afirmar de los miembros de su gabinete donde se asegura que habrá nuevos millonarios en el estado. El gobernante veracruzano al ser omiso es considerado también como un grave delito.
Ninguna de las personas que aspiran gobernar el estado de Veracruz ha tomado en cuenta a los miembros de la comunidad LGBT que es bastante numerosa en la entidad y que confronta un serio problema en la Cámara de Diputados Federales para que sean prohibidas las terapias de conversión que ellos consideran como una flagrante violación a sus derechos humanos.
Nadie tiene derecho a meterse con sus vidas privadas y esas terapias quieren forzarlos a un cambio de orientación sexual. Son decisiones muy personales y de carácter íntimo que ninguna autoridad puede exigir una transformación posiblemente de origen hormonal y que se remonta en algunos casos cuando ocurre en la adolescencia con el inicio sexual.
El Poder Judicial tan criticado por el gobierno de la Cuarta Transformación quiere tomar revancha y planea anular las elecciones del próximo mes de junio porque está seguro que continuará Morena en el poder y la única manera que encontraron los opositores es aliarse con los jueces quienes le han impedido al presidente López Obrador su derecho de réplica en contra de los periodistas que lo atacan y que no mencione a su candidata Bertha Xóchitl Gálvez en sus conferencias mañaneras. Dichas amenazas judiciales aseguran que tienen un listado de infracciones electorales cometidas para anular los comicios federales.
El mandatario mexicano se pregunta: ¿Van a dar un golpe de Estado Técnico? o ¿Van hacer un fraude electoral desde los tribunales del Poder Judicial?
Por lo pronto la magistrada presidenta del Tribunal Electoral Mónica Soto aseveró que cualquier servidor público incluido el Presidente debe apegarse en sus pronunciamientos a lo que dicta la ley. Habrá sanciones “Ni nos tiembla la mano ni nos doblamos”.
Todo esto indica la desesperación existente entre los conservadores ante las encuestas que señalan una preferencia superior al 73 por ciento de Claudia Sheinbaum.