De toda la plutocracia mexicana beneficiada por la privatización de empresas públicas que se realizaron durante la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ricardo Salinas Pliego es uno de los pocos potentados que han sabido acomodarse al nuevo régimen de la 4T que encabeza el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Y es que a diferencia de otros empresarios que han sido amagados y perseguidos penalmente por el gobierno obradorista para que paguen sus deudas millonarias a la Secretaría de Hacienda –como el exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, y su hijo Miguel Alemán Magnani, actualmente prófugo en Francia–, Salinas Pliego no ha recibido las mismas amenazas.
Este martes, AMLO exhibió una lista de 58 empresas beneficiadas con la condonación de impuestos en los dos sexenios anteriores por un monto de 189 mil 18 millones de pesos. Entre ellas figura Grupo Salinas con 7 mil 775 millones de pesos, de los cuales más del 99 por ciento le fueron perdonados en la administración del priista Enrique Peña Nieto.
En noviembre de 2020, López Obrador señaló que en la disputa legal entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Grupo Salinas por el pago de impuestos había llegado ya a la última instancia para recuperar adeudos fiscales anteriores.
La alusión a los adeudos fiscales de su consorcio provocó la reacción de Salinas Pliego, quien en un mensaje en redes sociales respondió: “Mis empresas y yo siempre hemos pagado muchos impuestos. Hay diferentes puntos de vista sobre la ley aplicable; por eso acudimos (conforme a derecho) al Poder Judicial, para que aclare y decida lo que se debe pagar y lo pagaré. El SAT no es la última instancia”.
En una conferencia de prensa por separado, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dio a conocer que el Grupo Salinas adeudaba en ese entonces al fisco 20 mil 700 millones de pesos, pero aceptó que tenía la posibilidad de solicitar un juicio de amparo, por lo que el proceso de cobranza podría continuar, como ocurre hasta la fecha.
Comparado con este tiburón, el empresario orizabeño Fidel Kuri Grajales resultó ser un charal. Y es que este martes, una jueza del Poder Judicial del Estado de México impuso prisión preventiva al expresidente del club de futbol Tiburones Rojos de Veracruz por un presunto fraude por 139.2 millones de pesos en contra de Arrendadora Internacional Azteca (AIA), S.A de C.V., una empresa de Salinas Pliego que no es un banco ni una institución de crédito, sino que según el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México se dedica al “arrendamiento y compraventa” de “remolques, semirremolques, vehículos automotores, aeronaves, barcos de recreo y todo tipo de equipo y maquinaria industrial y comercial y equipo de telecomunicaciones”, la cual es señalada de jugar un papel central en la trama de Grupo Fertinal, que cuando fue adquirido el sexenio anterior por Pemex Fertilizantes adeudaba 260 millones 939 mil dólares a Banco Azteca y 99 millones 430 mil dólares a AIA.