Los desvaríos de Palacio

Prefacio

Las condiciones serán muy distintas a las que se vivieron hace seis años. *** En el 2018 Cuitláhuac García ganó la elección para gobernador, en un suceso que ni los mismos actores políticos de Morena se creían. *** En ese proceso Morena también consiguió la mayoría en el Congreso local y alguien le explicó al gobernador electo que él tendría que disponer quién sería el coordinador de la bancada y, en consecuencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). *** “Tiene que ser alguien de tu absoluta confianza, pues va a ser tu operador en el Poder Legislativo”, le explicaron al inexperto gobernador electo. No lo dudó ni un segundo: tenía que ser su amigo y aliado Juan Javier Gómez Cazarín. *** Pero no todos los grupos conformados alrededor de Morena estaban convencidos de que Cuitláhuac García tuviera “los méritos” para imponer al coordinador de la bancada y llegaron al inicio del período legislativo con otra propuesta: Amado Cruz Malpica. *** Ese gesto de rebelión estuvo a punto de provocar que Morena perdiera la mayoría y, por lo tanto, la presidencia de la Jucopo. *** Fue entonces que el gobernador electo mandó a otro de sus leales soldados, Zenyazen Escobar, a “operar” en el Congreso y convencer a los legisladores rebeldes de que se sumaran a la propuesta del gobernador. *** Eso le costó a Gómez Cazarín ceder buena parte de las posiciones administrativas en la Legislatura, muchas de las cuales se quedaron con Zenyazen Escobar, quien aplicó aquella conseja mexicana: “el que parte y reparte, se lleva la mejor parte”. *** Hoy el escenario es otro. Desde hace varios años Rocío Nahle es la que toma las decisiones importantes en Veracruz y sus huestes lo saben muy bien. *** En reunión con los diputados electos de su partido, la gobernadora electa dispuso: Esteban Bautista Hernández será el coordinador de la bancada y, por lo tanto, el presidente de la Jucopo. No hubo una sola objeción. *** ¿Y Diego Castañeda? Él tendrá otras responsabilidades, pues sigue gozando de la confianza de la gobernadora.

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Falta muy poco para que Cuitláhuac García concluya su gestión como gobernador (el 30 de noviembre será su último día) y en seis años no logró entender los fundamentos del derecho. Lo peor del caso es que, una vez que le perdió el miedo al micrófono, se asumió como “el abogado del pueblo” y siempre terminó resbalándose con los temas jurídicos.

En esta ocasión admitió que su administración (esa de “finanzas sanas y disciplina presupuestal”) no fue capaz de cubrir un adeudo del gobierno estatal con la Comisión Nacional del Deporte (Conade) por 2 mil millones de pesos.

Su argumento fue que ese pasivo se generó a partir de “un fraude cometido durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2014, bajo el mandato de Javier Duarte”.

El dato estaba de más; la deuda es del gobierno estatal y tiene que ser cubierta. El mismo Cuitláhuac García admite que por no saldar ese pasivo, Veracruz no puede recibir recursos para infraestructura deportiva.

Él, sin embargo, tiene una explicación para ese incumplimiento: “Para que la Conade quite el veto a la entidad se tiene que pagar la deuda, pero no se puede usar dinero público porque se incurriría en desvío de recursos”.

Eso es absolutamente falso, pues la deuda del gobierno estatal existe y está documentada, de manera que en su presupuesto de egresos el gobierno estatal puede considerar dicho pago.

“Ha sido una complicación financiera tratar de rehabilitar infraestructura deportiva, será un pendiente pagar esa deuda, pero también no es nada fácil porque tienes que pagar un fraude, un robo y ¿de dónde sacas un recurso para pagar un robo?”.

Otra falsedad. No existe, hasta la fecha, una sentencia en firme que confirme que ese recurso fue robado o defraudado. El mismo gobernador admite que la Fiscalía General de la República (en 2014, cuando se supone que se cometió tal fraude era la Procuraduría General de la República) “tiene un proceso abierto”. Si es así, entonces no existe tal fraude, pues el litigio no ha concluido.

De manera por demás absurda y con el evidente afán de “escurrir el bulto”, Cuitláhuac García afirma que ese proceso que lleva (desde hace 10 años) la Fiscalía federal, es contra Javier Duarte.

Sus asesores jurídicos no le recordaron que el exgobernador de Veracruz está en una cárcel en México, como consecuencia del acuerdo de extradición al que llegaron los gobiernos de Guatemala y de México, y que en dicho acuerdo no está incluido el supuesto fraude que -dice el actual gobernador- se habría cometido durante los Juegos Centroamericanos del 2014.

Tampoco le dijeron que en los acuerdos de extradición existe el llamado “principio de especialidad”, que establece que el Estado solicitante (en este caso México) no puede enjuiciar al extraditado (Javier Duarte) por delito diverso (o diferente) a aquel por el que procedió su extradición.

Pero, en su desvarío jurídico, Cuitláhuac García admite que le deja ese paquete a la gobernadora electa, Rocío Nahle, quien -sugirió- “tendrá que llegar a un acuerdo con la Conade para negociar el pago de la deuda de forma gradual”.

O sea que, desde su óptica, pagar una deuda generada a partir de un fraude es ilegal, pero si se paga “de forma gradual” ya no lo es.

Ese es el escenario que le pintó su secretario de Finanzas, José Luis Lima quien, para infortunio de Veracruz, se mantendrá en el cargo, al menos en el arranque del gobierno de Rocío Nahle.

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Epílogo

Esta semana el comunicador Salvador Muñoz denunció las agresiones y el hostigamiento que ha venido padeciendo, lo que ha encendido las luces de alerta en el gremio periodístico. *** Las muestras de solidaridad con el compañero no se hicieron esperar y los llamados a las autoridades han sido firmes: no se debe permitir que mediante amenazas y agresiones físicas se coarte el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. *** Preocupa que, casi al mismo tiempo que se conoció de esos ataques a un colega, en Poza Rica fue detenido por elementos de la policía estatal el reportero de la fuente policíaca Benjamín Portilla Rodríguez. *** Ojalá que en ambos casos las autoridades actúen con estricto apego al derecho y el respeto a sus garantías.

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