El lunes anterior comentamos que en octubre del año pasado el presidente López Obrador había abordado en una de sus conferencias de prensa el escandaloso tema de los proyectos de prestación de servicios (PPS), un tipo de asociación público-privada (APP) que según datos de la Secretaría de Hacienda actualmente tiene comprometidos 56 mil 655 millones de pesos de las participaciones federales de estados y municipios. Y referíamos que un caso grave es el de Veracruz, donde más extendida se encuentra la contratación de PPS, sobre todo entre municipios que en 2017, en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes, adquirieron alumbrado y “aplicación de tecnologías en servicios públicos” bajo contratos de 12 a 25 años con la firma NL Technologies S.A. de C.V., de Monterrey, Nuevo León.
Pues bien, ahora nos enteramos que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en su Informe de Resultados de la Fiscalización a las Cuentas Públicas 2020, observó al Ayuntamiento de Poza Rica un probable daño patrimonial de 10 millones 408 mil pesos en dos observaciones derivadas de un contrato de APP con esta empresa regiomontana en la modalidad de concesión para prestar el servicio de alumbrado público.
El ORFIS identificó pagos duplicados por el concepto del servicio de energía eléctrica, derivado del hecho de que NL Technologies incumplió con los compromisos contractuales asumidos con el Ayuntamiento pozarricense, teniendo que hacerse cargo del pago de la energía eléctrica este último.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) retuvo y enteró participaciones federales al Fideicomiso de Garantía y Pago número 011031005134, constituido ante Banco Afirme S.A., vinculado al contrato de Asociación Público-Privada, que en reiteradas ocasiones fue omiso en el cumplimiento de sus obligaciones legales y no pagó, como era su obligación, el importe de la facturación por concepto de alumbrado público, lo que obligó al Ayuntamiento de la antigua Petrópolis a realizar el pago a CFE para evitar la interrupción del servicio, de lo que se derivan las observaciones mencionadas.
Como se señaló, las observaciones se refieren al ejercicio 2020, por lo que de seguir la empresa y el fideicomiso en el mismo tenor, a la fecha se estimaría un probable daño patrimonial al Ayuntamiento de Poza Rica de más de 35 millones de pesos.
El Ayuntamiento, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio de los pozarricenses, requisó el servicio de alumbrado público a NL Technologies e inició el proceso de revocación de concesión y recisión del contrato según la Gaceta Oficial del Estado número 248 de fecha 23 de junio de 2021. Pero dichas acciones aún no se encuentran en proceso.
NL Technologies no sólo opera en Poza Rica sino en otros 20 municipios más de Veracruz, lo cuales enfrentan los mismos problemas con esta empresa que ha sido demandada también por ediles de Tabasco, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Jalisco y Chihuahua, entre otros estados, por su falta de responsabilidad e incumplimiento de sus obligaciones legales.
Sin embargo, a pesar de que el Ayuntamiento que preside el exbeisbolista Fernando “El Pulpo” Remes requisó el servicio e inició los procesos de revocación de la concesión y de rescisión del contrato, con estricto apego al marco jurídico, la Sefiplan, que paradójicamente encabeza su paisano, el economista pozarricense José Luis Lima Franco, ignorando la autonomía constitucional de los municipios, ha estado reteniendo las participaciones federales de Poza Rica mientras que la empresa y el fideicomiso continúan con la práctica criminal de no pagar la energía eléctrica consumida por el alumbrado público, obligando con ello al Ayuntamiento a distraer recursos destinados a otros rubros para suplir la irresponsabilidad de esas empresas y no dejar a oscuras a la población.
Por eso vale preguntar: ¿quién apoya entonces a los municipios? La Sefiplan evidentemente no, pues en lugar de velar por el patrimonio de los veracruzanos, parece estar más comprometida con los de esta desacreditada empresa cuyo representante legal es Carlos Manuel Knight Crespo, sobrino del exdelegado de la SCT en Veracruz y Tamaulipas, William David Knight Bonifacio, suegro del exsenador panista Roberto Gil Zuarth, muy allegado al expresidente Felipe Calderón.
¿Sabrá el presidente López Obrador de los presuntos trastupijes que sus “aliados” de la 4T en Veracruz están haciendo con esta corrupta empresa ligada a las rémoras del calderonismo?