Las recomendaciones de la CNDH al Gobierno de Veracruz

Columna: Hora cero



Con dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cerró 2021 el gobierno veracruzano de Cuitláhuac García.

El 30 de diciembre, la CNDH emitió la recomendación 146/2021 al ejecutivo estatal por el tema de los seis jóvenes cuyo caso ha escalado al plano nacional debido a la denuncia pública del senador Ricardo Monreal.

La instancia encabezada por Rosario Piedra Ibarra documentó violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal, "derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz".

Los seis jóvenes fueron detenidos el 3 de septiembre en Xalapa. De acuerdo con la recomendación de la CNDH, los policías iban encapuchados, revisaron sus pertenencias y les colocaron esposas. Una vez detenidos, fueron obligados a firmar documentos y dar acceso a sus teléfonos celulares, para posteriormente ser vinculados a proceso por el presunto delito de ultrajes a la autoridad.

La Comisión determinó que hubo violación a los derechos de las víctimas, "debido a que los elementos de la SSP del estado no se apegaron a los lineamientos constitucionales y convencionales para la privación de la libertad de cualquier persona, y a que su detención se ejecutó sin orden de aprehensión, ni se acreditó flagrancia o caso urgente"

En su recomendación, la instancia solicitó al gobernador Cuitláhuac García, a la fiscalía y a la comisión de atención a víctimas, que se repare el daño ocasionado y se brinde a los detenidos atención médica y psicológica.

También plantea la necesidad de que el ejecutivo veracruzano accione el procedimiento legislativo, a efecto de proponer la derogación del numeral 331 del Código Penal para el estado,  a fin de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos en beneficio de la población residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad. En pocas palabras, que se haga lo necesario para derogar en Veracruz el delito de ultrajes a la autoridad.

Ese mismo día, el 30 de diciembre, la CHDH emitió otra recomendación que tiene como blanco a las autoridades veracruzanas, la número 141/2021, en la que se ve involucrada tanto la Fiscalía General del Estado como instancias federales de las áreas de procuración de justicia y reinserción social. Se trata de un hombre que denunció tortura y lesiones. Esta queja, sin embargo, se remonta a 2017, de tal manera que si bien tiene como destinatario al actual gobierno, corresponde al periodo de la anterior administración.

El tema tiene que ver con la presión que desde el Senado y desde la CNDH se ejerce contra el gobierno de García Jiménez para que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad, que ha sido calificado por juristas como un violatorio a los derechos humanos.

En su reciente aparición en el medio oficial del Gobierno del Estado, el ejecutivo veracruzano aclaró que se castiga con prisión sólo a quien cometa agresión violenta contra policías; y que no considera agresión verbal.

El gobernador lanzó una advertencia en el sentido de que exhibirá a quienes vayan en contra de la ley que tipifica el delito de ultrajes. En clara alusión al senador Monreal, el ejecutivo veracruzano sentenció que "Si alguien apela y cambia la ley, que la gente sepa quién los va a soltar –a los delincuentes–, yo no, porque me pongo del lado de las víctimas".

Al parecer, el asunto, más que un debate sobre la constitucionalidad de los ultrajes a la autoridad, degeneró en un juego de vencidas entre el mandatario veracruzano y el senador Ricardo Monreal, convertido en el principal crítico de la actual administración.

Por otro lado, ya no sólo es la Cámara Alta y la comisión especial creada para investigar presuntos abusos de poder en el gobierno de Veracruz, sino la CNDH la instancia que toma el tema de los ultrajes a la autoridad para enviar un aviso al ejecutivo veracruzano.

@luisromero85


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