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La demanda de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz subió de tono durante la semana pasada: bloquearon oficinas públicas y cerraron la vialidad en el centro de Xalapa, porque consideran que sus protestas no han sido atendidas por las instancias gubernamentales.
Los integrantes de 32 colectivos de búsqueda se manifestaron en Xalapa y exigieron una reunión con el gobernador Cuitláhuac García, quien finalmente accedió al encuentro.
En las protestas, alertaron por un incremento en los casos de desapariciones. Indicaron que cada día se registran hasta 10 casos; y que el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda se limita a la emisión de fichas informativas.
Al reunirse con el mandatario veracruzano, los representantes de los colectivos pidieron el cese de la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya, a quien señalaron por deficiencias en su desempeño.
También exigieron la presencia de la fiscal estatal, Verónica Hernández, y del director del área de servicios periciales, ausentes en esas reuniones. La fiscal, lamentan, acude hasta a los honores a la Bandera, pero no tiene tiempo para atender el problema de las desapariciones.
García Jiménez escuchó las demandas y anotó las quejas. Adelantó que habrá una convocatoria para nombrar titular de la CEB; y que la encargada de despacho no podrá participar en el proceso de selección.
Esta dependencia carece de titular desde la renuncia de Geiser Manuel Caso Molinari, quien sólo estuvo en el cargo entre febrero y mayo de 2019.
Las desapariciones de personas y el hallazgo de fosas clandestinas en Veracruz han generado una crisis en materia de procuración de justicia y derechos humanos: la Secretaría de Gobernación ha reconocido que la entidad es una de las que registran las cifras más elevadas del país; por ejemplo, se reportaron casi 7 mil 500 desaparecidos y 647 puntos de inhumación clandestina entre 2006 y 2022.
Números escalofriantes: entre 2018 y 2022 hubo un registro de casi 300 cuerpos exhumados de fosas clandestinas.
La Comisión Nacional de Búsqueda, fuente oficial que depende de la Secretaría de Gobernación, aporta una numeralia alarmante: entre 2010 y este 12 de noviembre (2023) se reportaron 12 mil 42 personas desaparecidas en Veracruz; de esa cifra, 6 mil 86, un poco más de la mitad, no han sido localizadas; y 549 fueron halladas sin vida.
Los municipios con más casos son Veracruz, Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos, Poza Rica, Orizaba, Boca del Río, Tuxpan, Tierra Blanca y Cosamaloapan.
Del total de personas desaparecidas en la entidad, el 65 por ciento son hombres, pero hay 4 mil 132 mujeres.
La semana pasada, a propósito de los bloqueos implementados por los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Xalapa, el gobierno estatal dio a conocer datos sobre los esfuerzos que se realizan en materia presupuestal para fortalecer los trabajos de búsqueda: en cinco años, de 2018 a 2023, el dinero destinado a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas pasó de 6 a 100 millones de pesos anuales; de ese monto, 70 millones fueron para el Fondo de Reparación Integral.
La Comisión Estatal de Búsqueda tuvo un incremento en su presupuesto, al pasar de 24 a 27 millones de pesos.
Sin embargo, el problema de los desaparecidos en Veracruz no tiene que ver únicamente con los recursos y el presupuesto asignados, sino con la eficiencia con que éstos se aplican. El tamaño del reto es impresionante, dado que esta crisis lleva al menos tres décadas.
Por cierto, la principal queja de los colectivos no se centra en la falta de recursos estatales o federales, sino en las deficiencias de la Comisión y, sobre todo, en la falta de sensibilidad de la Fiscalía a la hora de atender a los familiares de las personas desaparecidas.