Desbordada la manipulación mediática

Los casos de control de conciencias y manipulación mediática se han incrementado en forma notable en todo el mundo, principalmente países como Estados Unidos, España, Italia y México por las contiendas internas, cuyos intereses se han desbocado para conservar o recuperar los espacios perdidos en procesos democráticos de sus recientes elecciones.

Ese desbordamiento se ha amparado en complicidad con grupos políticos, organismos creados para su consolidación, como fundaciones o fideicomisos y ONG’s, cuyos miembros la forman una sospechosa sociedad civil, altamente vinculada a los grandes intereses de las trasnacionales, grupos políticos, empresariales y religiosos, coludidos todos con medios de comunicación, analistas y conductores, intelectuales orgánicos y miembros de la clase media aspiracionista. Todos ellos se refugian ahora, en forma abierta y descarada en el sistema de justicia corrupto, conformado por jueces y magistrados, con los congresos federales, estatales y sus legisladores para avalar el desmantelamiento de gobiernos popularmente electos, justificar golpes de estado, guerras intestinas entre naciones libres para saquear sus recursos naturales, energéticos, mineros, costeros y forestales.

Ese fenómeno fue denunciado recientemente por Pierre de Gaulle, nieto del expresidente de Francia Charles de Gaulle, quién aseguró que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) son los responsables del sufrimiento de los europeos y los ucranianos: ““Me rebelo y protesto contra esta deshonestidad intelectual en la crisis de Ucrania, porque los desencadenantes de la guerra son los estadounidenses, la OTAN”, acusó De Gaulle durante una entrevista para la Asociación Diálogo Franco-Ruso, realizada la semana pasada. Las declaraciones del familiar del exmandatario francés se dan luego de que la excanciller alemana Ángela Merkel aseguró que los Acuerdos de Minsk firmados en 2014 y 2015 fueron “un intento para dar tiempo a Ucrania” para reforzar su capacidad militar, pues estaban conscientes que “era un conflicto congelado, que el problema no estaba resuelto” (Le Monde).

En el caso español, la estrategia judicial de la ultraderecha: con denuncias en cascada por un grupo de organizaciones ultraconservadoras, que lleva a los tribunales leyes, medidas y a partidos contrarios a su ideología. La nueva Ley de Educación, la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, los sentimientos religiosos, incluso Unidos Podemos. Es la estrategia de los ‘satélites’ de la ultraderecha, que además preparan en sus propias academias a los futuros jueces, abogados y políticos.

En triunfo de la ultraderecha, de Giorgia Meloni, en Italia, en el contexto de Europa occidental, es el único país en que la extrema derecha supera el 40% de los votos. Si excluimos la parte oriental del continente, con Hungría y Polonia a la cabeza, en ningún país occidental la nueva ultraderecha tiene este nivel de apoyo: Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo poco más de 10% en las recientes elecciones generales, Marine Le Pen no superaría el 20% en la primera vuelta de las presidenciales francesas y Vox roza el 15% en España. Por otro lado, Italia es el único país en que hay dos grandes partidos de extrema derecha con alta relación con el sistema de justicia para destruir las aspiraciones de candidatos progresistas.

Recientemente el caso del golpe en Perú, con el ya consolidado sistema Lawfare (guerra judicial) que ha derrocado a cinco presidentes constitucionales en los últimos años. En el caso de Pedro Castillo, maestro rural de izquierda, las fuerzas de ultraderecha y su alta relación con las trasnacionales extranjeras dieron el golpe antes del arribo del 2023, se “invocó al Congreso de la República, que en el marco de las normas constitucionales proceda a la destitución del ciudadano Pedro Castillo del cargo de jefe de estado para asegurar la gobernabilidad y la libre transición del mercado energético y minero que se renovará en el 2023” invoca el comunicado oficial de los grupos conservadores que buscan con la destitución preservar sus intereses en la extracción y explotación de los recursos del carbón y mineros del Perú que han sostenido con crecimiento en el 2022 de más del 27 por ciento.

La toma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, con la transición de su presidencia de Arturo Zaldívar a la nueva asignada Norma Piña, altamente vinculada con Isabel Miranda de Wallace y enunciada por Ricardo Raphael, analista político del conservadurismo. Suprema Corte amañada al preámbulo del 2024, estrategia política del conservadurismo más recalcitrante. Guerra judicial pendiente en México, semejante a Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Brasil.

El caso de Yasmín Esquivel Mossa, es un claro caso de manipulación mediática en redes y medios convencionales. La denuncia de plagio, por un esquilor, intelectual orgánico, clásico del conservadurismo del grupo de Enrique Krausse y su compinche Aguilar Camín, financiados desde lo oscurito por Carlos Salinas de Gortari y sus empresarios afines como los González, de los grupos Laporte y Guajardo, padre e hijo, que producen todo el papel higiénico, escolar y popular del país arrasando bosques sin piedad. La SCJN puesta en el ojo del huracán mediático en solo dos semanas, para controlar la guerra de justicia que se avecina por todos los intereses bastardos en la contienda del 2024, la recuperación del poder de esa minoría clasista o el control de la gran mayoría popular. O todos o nadie. O ellos o nosotros. ¿Seremos Perú? o ¿Argentina? o el Brasil recuperado? o ¿lo que se avecina en Ecuador, Uruguay y Paraguay en el 2025? o ¿sufriremos como Ucrania por los intereses imperiales de Estados Unidos contra Rusia? O ¿padeceremos lo que siempre hemos padecido en la América Latina para los Americanos?. La justicia sometida al poder mediático, sin duda. Hay evidencias en más de diez décadas en nuestro continente. Cuba es un caso ejemplar. ¿México sigue...?