El Instituto de Investigaciones Jurídicas se ha caracterizador por actividades continuas y permanentes que incrementan el conocimiento jurídico que a su vez permite el empoderamiento ciudadano; al rendir su segundo informe de labores, el Doctor Arturo Miguel Chípuli Castillo destacó que 2023 se caracterizó por ser un año repleto de actividades académicas.
Recordó que 2023 se caracterizó por la celebración de los 50 años del Instituto, dedicado a fomentar la investigación y el estudio del derecho, así como en propiciar el debate y la discusión sobre las instituciones que constituyen el orden jurídico.
Frente a familiares, invitados especiales y alumnos, el doctor Chípuli destacó que, a lo largo de 2023, en el contexto de dicha celebración, el Instituto se ha reafirmado como un centro crucial para el diálogo y el análisis de temas fundamentales en el ámbito jurídico; sentado un precedente en la promoción del conocimiento legal y los derechos humanos a través de una serie de eventos sobresalientes.
Puntualizó que dichas acciones han tenido un impacto significativo en la comunidad legal y académica, distinguiéndose por su diversidad temática y profundidad analítica. Además, han jugado un papel esencial en el enriquecimiento del panorama intelectual y en el fortalecimiento de la red de conocimiento jurídico tanto a nivel nacional como internacional. Con base en lo anterior, durante 2023, informó que se realizaron 65 eventos en el instituto de investigaciones Jurídicas.
Entre ellos, dijo, la presentación de libros, coloquios, 33 conferencias magistrales, conversatorios, seminarios, talleres y foros. No omitió referir que el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha desarrollado un proyecto de investigación, financiado por CONAHCYT, denominado “Diagnóstico y modelo de índice de percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública en México con enfoque de derechos humanos”.
Este proyecto, señaló, ha colaborado estrechamente con el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, ambas instituciones, especificó, han sido claves para su exitosa ejecución.
Entre las actividades destacó, el levantamiento de encuestas en diversas ciudades de la república mexicana, las cuales permiten generar estimaciones con representatividad a nivel estatal y nacional sobre la población de 18 años y más respecto de los dispositivos de vigilancia electrónica y las políticas públicas de videovigilancia instaladas en ciudades metropolitanas.
Así mismo, la realización de actividades conjuntas, tales como el Primer Coloquio Internacional sobre Prevención de Violencia Digital, el cual reunió a participantes de instituciones educativas, gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, incluyendo representantes de la Fiscalía de España, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, INMUJERES y Stop Violencia Digital.
Apuntando que también se sentaron las bases para la Red de colaboración de investigación para el análisis de los dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública en México con enfoque de DDHH. Sobre el tema dijo que se encuentra en publicación el segundo libro del proyecto, denominado “uso de dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana”. Agradeció a la Dra. Karina Nohemi Martinez Meza, su gran esfuerzo y constancia en la coordinación y el desarrollo de este proyecto.
Durante su discurso destacó el trabajo del Observatorio de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos que tiene como objetivo general construir un espacio para la recolección, generación y sistematización de datos e información sobre las políticas públicas con enfoque de derechos humanos en México a nivel nacional, estatal y regional en materia de seguridad pública, desarrollo social, educación y medio ambiente, que permita disponer de evidencia para estudios cuantitativos y cualitativos, y proponer modelos de evaluación de las políticas públicas en sus diferentes etapas. Uno de los grandes logros del instituto es el Doctorado en Derecho que forma investigadores en el ámbito jurídico en el Estado de Veracruz y en la región sureste del país, establece además una sólida conexión con Instituciones de Educación Superior (IES) tanto a nivel nacional como internacional.
En 2022, el programa fue incluido en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de CONACYT, reconociendo su contribución al Proyecto de Nación 2018-2024 y su relevancia en abordar problemas prioritarios, especialmente en el área de “Derechos Humanos”, como se destaca en la convocatoria del SNP de 2022. Acotó que a pesar de la decisión de CONAHCYT de reducir significativamente el número de programas adscritos al SNP, de 133 a solo 27, basado en nuevos requisitos y prioridades, el Doctorado en Derecho de la Universidad Veracruzana no se vio afectado por estos cambios. El Doctor Chípuli se ha destacado durante su gestión por impregnar de dinamismo y actividades permanentes que enaltecen el funcionamiento de un instituto que cumple a cabalidad con sus objetivos.