Cuando las victimas se enfrentan a los poderosos

Podría transcurrir como un tema mediático y apostarle al tiempo para el olvido, lo cierto es que lo ocurrido en el Congreso de la Unión con el hoy parlamentario, Cuauhtémoc Blanco, enciende las alertas y visibiliza una vez más la vulnerabilidad de las victimas que en ocasiones se enfrentan al poder o a los poderosos.

Y es que, en la encrucijada de las dinámicas del poder y la justicia, se erige un desafío alarmante: la invisibilización de las víctimas del delito. Este fenómeno no solo compromete la integridad de las víctimas, sino que también amenaza los cimientos de los derechos humanos y la equidad global.

En un mundo ideal, el sistema de justicia penal está diseñado para proteger a los más vulnerables, escuchando sus voces y brindando remedios justos ante las injusticias sufridas. No obstante, la realidad revela un panorama más sombrío, donde el poder, ya sea en manos de instituciones nacionales o estructuras sociales, puede sofocar estas voces.

La invisibilización se manifiesta de múltiples formas; entre ellas, la desestimación de denuncias por prejuicios sistémicos o personales. El poder opera como un filtro que decide cuáles voces son amplificadas y cuáles son suprimidas. Esto puede observarse en casos donde víctimas pertenecientes a comunidades marginadas o estigmatizadas se enfrentan a obstáculos adicionales para que sus experiencias sean reconocidas; o bien cuando presuntas victimas acusan abusos de quienes ostenta el poder.

Es en estos mismos contextos donde el acceso a la justicia se convierte en una travesía plagada de desafíos insuperables, llevando a muchas víctimas al silencio forzado o al retraimiento ante la burocracia abrumadora, la defensa de los derechos humanos y de las victimas directas, indirectas y potenciales se hace más complejo.

Además, la maquinaria del poder judicial y policial puede, directa o indirectamente, aniquilar la posibilidad de justicia y reparación. La corrupción, la falta de formación en derechos humanos y la indiferencia pueden contribuir a que las víctimas no solo pierdan fe en el sistema, sino que sean revictimizadas, perpetuando un ciclo de impunidad y desesperanza.

Romper este ciclo requiere de un cambio paradigmático en la manera en que las instituciones y la sociedad entienden y manejan el poder. Implicaría el reconocimiento genuino de las víctimas, asegurando que sus voces se conviertan en un componente central en la búsqueda de justicia. Los esfuerzos deben dirigirse a la formación y sensibilización de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la creación de mecanismos de rendición de cuentas y el fomento de la participación de la comunidad en la formulación de políticas.

Para aquellas personas comprometidas con los derechos humanos, es crucial insistir en una equidad tangible y accesible para todos. La defensa de las víctimas del delito no solo es una cuestión de justicia social, sino también una exigencia ética implacable, que reclama la eliminación de las barreras del poder que perpetúan la invisibilidad. En última instancia, una sociedad que ignora las súplicas de sus más vulnerables, renuncia a su humanidad y a la promesa de un futuro justo para todos.

Abordar esta realidad es un imperativo moral que nos convoca a todos. Debemos ser defensores incansables de aquellos cuyas voces han sido silenciadas, y trabajar juntos para desmantelar las estructuras de poder que siguen invisibilizando a las víctimas del delito. Este es un llamado a la acción, a promover un cambio sistémico en favor de aquellos que buscan justicia y reconocimiento en un mundo que, con demasiada frecuencia, prefiere mirar hacia otro lado. El ejemplo más claro lo tenemos hoy en nuestro país con Cuauhtémoc Blanco y el sistema que lo arropa en lugar de dar paso a las investigaciones para esclarecer los hechos.