Hace unos días comentábamos en este espacio, la importancia que reviste el próximo sábado 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que fue implementado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha para elevar la conciencia pública.
A 23 años de adoptarse el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el camino aún es largo por concientizar y visibilizar éste gran problema que impacta en todo el mundo. A la fecha, la ONU ha informado que solo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 estados todavía no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica.
Así en esa lucha diaria por atender una problemática social que afecta no solo a mujeres sino a niños menores de edad, desde 2017, se puso en marcha la Iniciativa Spotlight, una idea emprendida junto a la Unión Europea (UE) orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, alineándose con la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.
El nombre de la iniciativa —Spotlight, que significa “foco” en inglés— recuerda que, a menudo, esta violencia tiene lugar en la oscuridad, se niega o se oculta. Así es que organismos internacionales han implementado grandes esfuerzos, en ese afán por sacarla a la luz pública, convertirla en el centro de atención y tomar medidas para eliminarla. Avanzando así en la lucha por lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
La campaña también pone de relieve la importancia de invertir de manera específica en las mujeres y las niñas, condición indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible de acuerdo con la Agenda 2030. Una iniciativa sin precedentes, de carácter mundial y plurianual, que ha contado con una inversión inicial de 500 millones de euros, con la Unión Europea como contribuidor principal. Cuenta con la colaboración de otros donantes y asociados que han ampliado el alcance y magnitud de la campaña.
Y es que, para financiarla, se emplea un fondo fiduciario de las Naciones Unidas, administrado por la Oficina de los Fondos Fiduciarios de Donantes Múltiples, apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres, y supervisado por la Oficina Ejecutiva del Secretario General y es que algo tiene que quedar claro: la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual.
Las mujeres y las niñas sufren de manera desproporcionada violencia, feminicidio, violencia sexual, violencia por parte de su compañero sentimental, o son víctimas de la trata o de prácticas nocivas. Es aquí donde también es importante hablar de violencia institucional, porque quizás ésta sea una de todas las violencias que más daño causa, porque es cautelosa, tanto que hasta pasa desapercibida, se trata de la violencia institucional.
Se llama precisamente violencia institucional, a esos actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
Es así como, mientras la violencia institucional este presente, no habrá manera de avanzar en la erradicación de la violencia de género, pues a falta de voluntad de autoridades, no solo se estancan los avances, sino que se revictimiza a quienes ya han sufrido violencia.