Retén: la ocupación ilegal de Migración

Semanas atrás, más de 10 hombres a caballo se apersonaron en el retén ubicado en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. 

Arribaron con la intención de cercar el predio que durante años ha ocupado el Instituto Nacional de Migración (INM), Sedena y la Guardia Nacional sin pagar un solo mes de renta. 

El personal de Sedena y Guardia Nacional apuntó sus armas hacia los hombres arriba de los equinos. 

Uno de ellos preguntó por el responsable de los elementos de Migración, llegando enseguida más personal de las fuerzas federales, que empezó a tomar anotaciones. Le pidieron al hombre a caballo que desmontara y lo llevaron a una de las carpas que tienen instaladas en el retén, a orilla de carretera. 

Los militares dijeron desconocer la situación de la invasión y se les pidió que reportaran a sus superiores del inminente desalojo por estar ocupando de manera ilegal el predio y, sobre todo, no pagar renta desde hace 5 años. 

En un intento de defensa, argumentaron que tenían derecho a 10 metros de la zona federal; sin embargo, se les explicó que ese espacio estaba también concesionado al dueño porque mandó a arreglar la carretera y le fue entregado por 99 años. 

Hoy en día, el dueño legítimo, José Luis González Manzano, exige el pago de una renta acumulada de 2.4 millones de pesos o bien el desalojo, ya que existe el proyecto de compra de otras personas para instalar una gasolinera. 

RESTAURANTERO QUE SE HACÍA EL DUEÑO 

Aquí un poco de historia. Ese espacio en 2015 fue ocupado por un restaurantero que construyó una palapa y dio servicio por varios años. 

Poco después, cerca de 2019, el comerciante de alimentos presuntamente dio el permiso a Migración —sin que exista algún documento que avale los dichos— para que ocuparan la zona, ya que supuestamente "él tenía rentado a González Manzano los casi 200 metros cercanos a la carretera", hecho que también era falso. 

Incluso se asegura que desde que llegó el INM, el restaurantero estaría cobrando una renta de 20 mil pesos; sin embargo, no hay prueba documental de ese dato. 

Es ese mismo año cuando el propietario original realiza el desalojo del restaurantero y empieza a reclamar la renta a las entidades federales que ocupan el predio. 

Desde entonces, durante más de cinco años ha existido el intercambio de oficios entre González Manzano y las dependencias involucradas en el predio de seis mil metros cuadrados de Santa Catarina del rancho "El Peñón". 

El dueño exige cobros desde el 2020 al 2024, dejando sin efecto un año anterior al que llegaron. 

YA BUSCARON Y NADIE LES QUIERE CEDER OTRO ESPACIO

Migración está metida en un brete, ya que Sedena y Guardia Nacional se deslindan asegurando que solo están de apoyo en la estación de presunto Rescate Humanitario en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en el kilómetro 19. 

Geográficamente, ese espacio es importante para los filtros de seguridad en el sur y, pese a que han intentado buscar otro lugar en la zona, no hay quien facilite un predio y pueda establecer una negociación por el antecedente de ilegalidad que cometió Migración y el resto de las fuerzas federales. 

Como se ha comentado, este retén provoca más caos vial y atraso en las carreteras que los resultados de aseguramientos que pueda tener. 

Hay quien afirma que es una absoluta coladera. Que solo lleva a pérdidas de tiempo y dinero a quienes transitan por el sur de Veracruz. Ya habrá tiempo de hablar de esto. 

El conflicto entre el Instituto Nacional de Migración (INM), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y un propietario privado ha puesto sobre la mesa una serie de tensiones que, aunque particulares, reflejan problemas más amplios en el país relacionados con la propiedad, la legalidad y la justicia social. 

¿ESTADO INVASOR DE TERRENOS? 

A primera vista, esta disputa parece ser simplemente un asunto legal entre un propietario y las autoridades federales, pero al examinar más de cerca, se encuentran capas más profundas que reflejan cuestiones de gobernanza, justicia y la relación entre el sector público y privado en México. 

El terreno de González Manzano, aunque ocupado por las autoridades federales con fines de seguridad y rescate humanitario, sigue siendo un bien privado que tiene un dueño legítimo que exige su compensación por el uso de su espacio. 

La ley es clara al respecto: un terreno privado solo puede ser utilizado por el Estado si existe un acuerdo formal, como un contrato de arrendamiento o, en ciertos casos, una expropiación. En este caso, la ocupación sin pago ni acuerdo ha abierto un conflicto legal.

Si el INM y las fuerzas armadas continúan ocupando el predio sin pagar lo que corresponde, el mensaje que se envía es que el Estado puede aprovecharse de los ciudadanos privados, lo cual es una práctica peligrosa que podría sentar un precedente para futuras ocupaciones ilegales de propiedades. 

Por lo pronto, el delegado en Coatzacoalcos del INM, Edgar Murrieta González, parece estar solo en esta batalla. Aunque ya el vicealmirante Roberto González López, responsable de Migración en Veracruz, tiene vista del problema, son gobierno y lo importante y urgente queda en el último lugar. 

Dos mantas de venta del predio están ya a la vista. Mientras tanto, nadie le paga al legítimo dueño. ¡Vaya invasor incómodo y moroso que resultó el gobierno! 

Contáctanos: 

joluperezcruz@hotmail.com