El Magisterio en llamas: Veracruz y la crisis de la gobernanza educativa

En Veracruz, el conflicto entre el magisterio y el gobierno estatal ha alcanzado un punto de ebullición que recuerda las peores crisis del pasado.

Lo que comenzó como una serie de demandas laborales legítimas —trámites administrativos pendientes, plazas vacantes sin cubrir y la exigencia de condiciones dignas— se ha transformado en una bola de nieve que amenaza con aplastar la frágil estabilidad política de la administración estatal.

Las protestas, que ayer escalaron con el bloqueo de la carretera Xalapa-Veracruz por parte del Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México (SIATEM), no son un hecho aislado, sino el síntoma de un problema estructural: la incapacidad del gobierno para dialogar, negociar y, sobre todo, gobernar un sector tan complejo como el educativo.

El escenario es desalentador. Por un lado, el SIATEM, liderado por Alejandro Cucurachi Durán, ha advertido que los cierres viales —iniciados con 20 minutos de interrupción— podrían intensificarse hasta paralizar regiones enteras si las autoridades mantienen su postura de cerrazón.

Por otro, las madres de familia de la Telesecundaria "Revolución Mexicana" bloquearon la avenida Atenas Veracruzana en Xalapa, exigiendo un director para un plantel que lleva 16 meses a la deriva. Estos episodios, aunque distintos en su origen, convergen en un reclamo común: la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), bajo el mando de Claudia Tello, ha fallado en su tarea más básica: garantizar el funcionamiento del sistema educativo.

UN PASADO QUE SE REPITE

No es la primera vez que el magisterio veracruzano levanta la voz. Durante el sexenio de Cuitláhuac García, los conflictos existieron, pero fueron sofocados con una estrategia pragmática: repartir dádivas y prebendas a ciertos líderes sindicales para comprar paz temporal.

Esa fórmula, aunque efectiva en el corto plazo, dejó bajo la alfombra un cúmulo de problemas que ahora estallan con mayor fuerza.

La diferencia radica en que la actual administración parece carecer de la pericia política para manejar la diversidad de sindicatos —desde el poderoso SNTE hasta los pequeños pero aguerridos gremios como SIATEM— que conforman el mosaico magisterial del estado.

En lugar de tender puentes, la SEV ha optado por la confrontación, exigiendo el regreso de comisionados a las aulas sin ofrecer soluciones a las demandas de fondo.

El discurso oficial, que insiste en que los maestros deben volver a dar clases como si esto resolviera mágicamente las carencias del sistema, ignora una realidad abrumadora.

Hay plazas vacantes que no se cubren desde hace años, recursos que desaparecen sin explicación y un favoritismo histórico que beneficia a los allegados al poder con doble o triple asignación de plazas. Como lo expresó una maestra en un testimonio reciente: "Mi plaza lleva seis años sin cubrirse, y no sé a dónde fue a parar ese dinero".

Este caso no es una anomalía, sino una práctica sistémica que ha gangrenado la educación veracruzana durante décadas.

LA CERRAZÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO

Claudia Tello, acusada por los manifestantes de estar más enfocada en actividades políticas —como la entrega de tarjetas del Bienestar o la promoción de eventos como la Cumbre Tajín— que en resolver los problemas educativos, representa el rostro de una secretaria que prioriza la imagen sobre la sustancia.

Su exigencia de que los comisionados regresen a las aulas, sin abordar las razones por las cuales muchos de ellos ocupan roles administrativos, es una imposición que carece de respaldo técnico o financiero.

 ¿Dónde están las plazas que justifican esta medida? ¿Cómo se sostendrá el sistema si los recursos destinados a la educación se evaporan en opacidad?

El impacto de esta crisis es inmediato y tangible.

 Los bloqueos, como el de la carretera Xalapa-Veracruz, afectan a miles de ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto, generando una percepción de desgobierno.

Más preocupante aún es el abandono de las escuelas, como la Telesecundaria "Revolución Mexicana", donde la ausencia de un director no solo trastoca la gestión administrativa, sino que pone en riesgo la calidad educativa de cientos de estudiantes.

Si la Secretaría de Educación no actúa con rapidez, el daño será irreversible: una generación de alumnos verá comprometido su futuro por la incapacidad de quienes hoy ostentan el poder.

¿DIÁLOGO O CAOS?

El rumbo que tome este conflicto dependerá de la voluntad política de la administración estatal. Hay dos caminos posibles.

 El primero es el del diálogo genuino: convocar a una mesa de negociación con todos los actores involucrados —sindicatos, padres de familia y autoridades— para atender las demandas de fondo.

Esto implicaría transparentar el uso de los recursos educativos, cubrir las plazas vacantes y garantizar condiciones dignas para docentes y alumnos.

No será fácil, pues requiere desmantelar redes de favoritismo arraigadas y asumir costos políticos con los grupos de poder que se han beneficiado del statu quo.

El segundo escenario, más probable dado el actuar reciente de la SEV, es el de la escalada.

 Si las autoridades persisten en su postura inflexible, los bloqueos se intensificarán, los sindicatos pequeños se radicalizarán y el descontento podría contagiarse a otros sectores sociales.

 Veracruz, un estado ya golpeado en muchos temas, no puede permitirse un magisterio en pie de guerra.

El riesgo es que el caos se normalice, dejando a la educación como rehén de una lucha de egos entre el gobierno y los maestros.

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