Coatzacoalcos: Seguridad, discurso y realidad

El anuncio de la gobernadora Rocío Nahle García sobre la recuperación de la paz en Coatzacoalcos ha sido contundente: "Coatzacoalcos no es tierra de nadie".

Un mensaje fuerte y necesario en un municipio donde la violencia ha marcado el pulso de la cotidianidad en las últimas décadas.

Sin embargo, más allá de los discursos y las iniciativas, surge la cuestión central: ¿son suficientes estas acciones para transformar la realidad de inseguridad en la región?

El programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" ha recolectado más de 10 mil cartuchos en Veracruz en dos meses.

 La iniciativa es, sin duda, un paso positivo en la dirección correcta: reducir la presencia de armas en la sociedad civil puede contribuir a disminuir la violencia intrafamiliar y los homicidios.

Sin embargo, el problema de fondo no radica en las armas que poseen los ciudadanos de a pie, sino en el armamento en manos del crimen organizado, que opera con una capacidad de fuego que supera con creces la de muchas corporaciones policiacas.

El desarme voluntario es, en términos prácticos, una estrategia simbólica. Representa un compromiso gubernamental con la pacificación, pero su impacto es limitado cuando no se acompaña de una estrategia integral de seguridad.

A los cárteles y grupos delictivos no los desarma una campaña; se requiere inteligencia, coordinación y operativos efectivos.

SEGURIDAD Y JUSTICIA: LA PRUEBA DE FUEGO

La gobernadora Nahle asegura que "no habrá impunidad" y que "cada delito será perseguido con determinación". Sin embargo, Coatzacoalcos ha sido históricamente una plaza difícil para la justicia.

La corrupción en las corporaciones policiacas, la impunidad de grupos criminales y la falta de resultados tangibles han generado una desconfianza ciudadana que no se revierte con un discurso contundente, sino con acciones concretas.

El éxito o fracaso de esta estrategia dependerá de la capacidad del gobierno para traducir sus palabras en hechos verificables.

Es imperativo fortalecer la Fiscalía General del Estado para garantizar investigaciones efectivas, depurar y capacitar a las fuerzas de seguridad y consolidar un sistema de justicia que realmente castigue a los responsables de la violencia en la región.

LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: UN DESAFÍO PERMANENTE

El papel del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en la seguridad de Veracruz es fundamental. La pregunta es: ¿funciona esta estrategia de militarización? Si bien la presencia de estas fuerzas puede generar una sensación de mayor control, también se han documentado casos donde el patrullaje militar no ha evitado delitos de alto impacto.

 La coordinación interinstitucional es clave, pero debe estar respaldada por un modelo de seguridad que no dependa exclusivamente de la presencia de las fuerzas armadas, sino de una estrategia de prevención del delito y fortalecimiento de las instituciones de seguridad civil.

LA RECUPERACIÓN DE COATZACOALCOS: POSIBLES ESCENARIOS

Si la administración estatal logra consolidar su estrategia de seguridad con una combinación efectiva de acción policial, inteligencia y justicia, podría sentar las bases para una recuperación progresiva de Coatzacoalcos.

No obstante, el otro escenario es menos alentador: si los operativos no logran desarticular a los grupos delictivos y la impunidad persiste, la violencia podría continuar o, incluso, recrudecerse.

El discurso de "recuperar Coatzacoalcos" es una declaración de intenciones que debe acompañarse de resultados.

En los próximos meses, la percepción ciudadana y las cifras oficiales dirán si este esfuerzo es un verdadero punto de inflexión o simplemente un eco de promesas pasadas que nunca se cumplieron.

MINATITLÁN: ¿RECAUDACIÓN O EXTORSIÓN DISFRAZADA?

El contraste no pudo ser más evidente. Mientras la gobernadora Rocío Nahle encabezaba un acto en Coatzacoalcos para promover la seguridad y el desarme, en Minatitlán estallaba una crisis social y económica.

Más de 500 comerciantes, hartos de lo que consideran una política fiscal asfixiante, tomaron las calles para protestar contra los impuestos municipales, apuntando directamente a la alcaldesa Carmen Medel y a su director de Desarrollo Económico, Alejandro Castellanos.

El descontento empresarial no es menor. En un contexto de recuperación postpandemia y con una economía que sigue enfrentando múltiples desafíos, la imposición de nuevos gravámenes o el aumento de los ya existentes puede ser el golpe de gracia para muchos negocios locales.

El problema de fondo no es la existencia de impuestos, sino su aplicación y destino. La carga fiscal es necesaria para el desarrollo municipal, pero cuando los contribuyentes perciben que sus aportaciones no se traducen en mejores servicios ni en incentivos para el crecimiento económico, el rechazo es inmediato.

En este caso, el enojo de los comerciantes sugiere una falta de diálogo entre la administración de Medel y el sector empresarial, lo que ha desembocado en un enfrentamiento directo.

Si la administración municipal no rectifica su estrategia, el conflicto podría escalar.

Un sector comercial debilitado significa menos empleos, menos inversión y un entorno menos competitivo para Minatitlán.

Además, la protesta masiva es un síntoma de un problema mayor: la desconexión entre el gobierno local y la ciudadanía.

Así las cosas, donde una edil presume un chile rojo y lanza al viento, “para que les arda más algunos”.

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