Los bloqueos de carreteras y la inseguridad en el transporte son, sin duda, uno de los desafíos más graves para la economía de México en la actualidad.
Estas acciones, que se han vuelto cada vez más frecuentes, están generando pérdidas millonarias que afectan a todos los sectores productivos del país.
Un caso reciente ilustra la magnitud del problema: los ejidatarios que mantuvieron bloqueada la autopista México-Puebla han provocado pérdidas estimadas en 4 mil millones de pesos diarios.
Este bloqueo no solo interrumpió el flujo de mercancías, sino que también dejó varados a cientos de tráileres, autobuses y vehículos particulares, con filas de hasta 61 kilómetros.
La variedad de razones detrás de estos bloqueos es amplia: desde disputas por la tenencia de la tierra hasta la falta de servicios públicos esenciales como electricidad y agua, pasando por protestas por injusticias percibidas en las comunidades, y hasta inconformidades políticas.
No obstante, el costo económico es uniforme y devastador.
Se estima que la industria del autotransporte en México pierde alrededor de 70 mil millones de pesos al año debido a la inseguridad en las carreteras.
El robo al transporte de carga es un reflejo de la inseguridad rampante en las vías mexicanas.
Cada hora se cometen 1.6 robos a transportistas, y esta cifra sigue en aumento.
En 2023, se cometieron en promedio 38 asaltos diarios, de los cuales el 86% fueron altamente violentos.
Las carreteras del Estado de México y Puebla son las más peligrosas, concentrando la mayoría de estos incidentes.
A pesar de las detenciones que se han llevado a cabo en algunos bloqueos, la impunidad sigue siendo un problema persistente.
La falta de consecuencias legales efectivas alienta a que más ciudadanos tomen las carreteras como escenario de protesta, sabiendo que las repercusiones serán mínimas.
La proliferación de estos bloqueos, especialmente en este sexenio, pone de manifiesto la incapacidad del gobierno para controlar estas situaciones y garantizar la seguridad en las carreteras.
El impacto económico de estos bloqueos es evidente, afectando no solo al sector transportista, sino también provocando escasez de productos, aumentos en los precios, y una interrupción en servicios esenciales que perjudica a toda la población.
Los bloqueos y la inseguridad en las carreteras de México no solo representan una amenaza para la seguridad pública, sino que también son un lastre para la economía nacional.
En el caso de Veracruz, los transportistas tienen que sumar a los bloqueos y la inseguridad, el grave deterioro de las carreteras en la entidad, que impacta seriamente en la competitividad y entrega de mercancías a tiempo.
Es urgente que las autoridades tomen medidas contundentes para resolver estos conflictos de manera efectiva, protegiendo tanto la economía como el bienestar de la ciudadanía.
El reciente informe del SAT revela avances significativos en la gestión fiscal durante el presente sexenio.
Con una recaudación total cercana a los 21 billones de pesos, el incremento real del 13.1% en comparación con la administración de Peña Nieto subraya un fortalecimiento de la capacidad fiscal del gobierno.
Este aumento en la recaudación, equivalente a 6.6 billones de pesos más en términos nominales, se debe en parte a la eliminación de la condonación de impuestos y privilegios, lo cual ha promovido una mayor equidad en la contribución tributaria.
Además, la administración actual ha logrado resolver 27 millones de trámites de devolución, con un monto total de 4.1 billones de pesos.
Este esfuerzo ha duplicado las cifras del sexenio anterior. Estos resultados sugieren una administración fiscal más eficiente y equitativa, y destacan un avance significativo en la política fiscal del país.
El asesinato de Karina, una mujer de 29 años, encontrada sin vida en un camino de terracería en el puerto de Veracruz, expone la alarmante incompetencia de las autoridades de todos los niveles para garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de las mujeres.
Este trágico suceso, ocurrido ayer, evidencia la falta de acción preventiva en una zona conocida por su peligrosidad.
A pesar de las constantes denuncias de los vecinos sobre la inseguridad del área, incluida la ausencia de alumbrado público y reportes de robos y violaciones, las autoridades han mostrado una negligencia inexcusable.
El hecho de que Karina, una mujer que solo intentaba llegar a su trabajo, haya sido encontrada sin vida y sin ropa, mientras sus pertenencias permanecían intactas, subraya el grado de vulnerabilidad al que están expuestas las mujeres en Veracruz. Este caso no es aislado, sino parte de una preocupante tendencia en la que las víctimas son ignoradas hasta que es demasiado tarde.
La incompetencia gubernamental en Veracruz, no solo se refleja en la falta de protección, sino también en la inacción para prevenir futuros crímenes.
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