CNDH concluye que no hubo acoso en Profeco

Tras la evaluación minuciosa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que no existen pruebas suficientes para confirmar alguna falta en relación al presunto caso de acoso en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Todo esto a pesar de la difusión de información al respecto.

Esto se suma a la negativa de Giovanna Perales, quien sería la afectada, a someterse a una prueba pericial en psicología.

“Del análisis practicado al escrito y de la evidencia obtenida, se advirtió que no existen elementos que acrediten las violaciones a los derechos humanos, aunado a su negativa expresa a someterse a la prueba pericial en psicología ante este Organismo Nacional, a fin de poder continuar con la presente investigación y estar en posibilidad de allegarse de elementos probatorios suficientes y poder valorarlos en su conjunto, de conformidad con los artículos 39 fracción III, IV y 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, se lee en el veredicto del expediente CDNH/6/2024/6129/Q, concluido desde el 28 de junio pasado.

“No existe ningún antecedente, previo de que haya formulado alguna queja ante el Comité de Ética o en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Federal del Consumidor, por el cual se advierta que personal de la PROFECO haya sido omiso en atender su reclamación conforme al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2020”, señala la resolución de María del Carmen Ojesto Martínez, directora General Encargada de Despacho de la Sexta Visitaduría General.

En el oficio PFC/CGA/CE/ST/020/2024, la CNDH aclaró que no se encontraron registros de vulneraciones en archivos, tanto físicos como digitales, y también mencionó que Giovanna dejó de comunicarse por teléfono o por escrito cuando se le pidió que realizara el análisis psicológico.

De acuerdo con el actual titular de Profeco, David Aguilar Romero, el documento aclara que el recuento de puestos hecho por la denunciante no corresponde con la realidad.

Tras finalizar su contrato eventual el 15 de abril de 2023, Perales Salem decidió cambiar de área de trabajo y firmó su renuncia voluntaria el 16 de abril de 2023.

Hasta esa fecha, se desempeñaba como Jefe de Departamento “C” en la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos de la Subprocuraduría Jurídica, sin que Aguilar Romero tuviera responsabilidad en dicha área.

El 1 de mayo de 2023, comenzó como Jefe de Departamento “A” en la Coordinación General de Educación y Divulgación, donde ocasionalmente brindaba apoyo administrativo al actual procurador, un hecho respaldado por la secretaria y el chofer, quienes destacaron un trato respetuoso y cordial.

Cuando se le solicitó que estuviera alerta ante la elección de un nuevo responsable en la Coordinación, habrían surgido las tensiones.

“Una vez ya en el cargo de titular, le exigió que le ayudara a ser adscrita o comisionada a otra área para poder conservar su empleo hasta el 31 de diciembre de 2023, toda vez que el Coordinador Administrativo de la Coordinación General de Educación y Divulgación le informó que requerían realizar cambio y ocupar la plaza de confianza que ostentaba, pero buscarían la forma de reasignarla en otra posición.

Por lo que, le comentó que vería la forma de apoyarla conforme a la normatividad administrativa aplicable”, se añadió en la carpeta de seguimiento.

La “estabilidad laboral” fue una prioridad en todo momento, al ubicarla en la Oficina de Mejoramiento Operativo de la Dirección General de Oficinas de Defensa del Consumidor.

Aunque renunció voluntariamente a este cargo el 15 de enero de 2024, suscribió un contrato adicional por honorarios que se extendió hasta el 15 de marzo reciente.

Con el propósito de prolongar su estadía, Perales Salem habría utilizado mensajes de WhatsApp con insinuaciones que serían inapropiadas según el Código de Ética, al buscar que el acuerdo se extendiera hasta junio desde finales de 2023.

La relación laboral con Giovanna, junto con la de otras 25 personas cuyos contratos ya no estaban vigentes, se terminó tras evidenciarse su incumplimiento de horarios y la negativa a permitir su permanencia en el puesto.

La quejosa exigía en Profeco un contrato por honorarios de marzo a junio con un sueldo de nivel de director de área, el más alto en el tabulador, antes de acudir a las autoridades.

Además, solicitaba una indemnización por reparación del daño para no hacer público el supuesto acoso y abuso laboral, cantidad que debía establecerse con relación a las capacidades de la Procuraduría y los implicados. Ándale. Así las cosas.