Café jarocho: A río revuelto...

A río revuelto...

La aprobación de la Ley Vicaria en Veracruz representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, la controversia sobre el reconocimiento de quienes trabajaron en su redacción y cabildeo deja en evidencia una práctica recurrente: la apropiación política de causas ciudadanas.

Las colectivas feministas han sido claras en su denuncia: el trabajo del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria y de Tereza Auroze Herrera ha sido invisibilizado en el discurso público. No se trata solo de dar crédito, sino de reconocer la lucha de las mujeres que han enfrentado obstáculos para que esta ley sea una realidad.

La ética nos llama a nombrar a quienes han construido estos avances, pues borrar sus nombres es, en sí mismo, una forma de violencia.

Un PAN pal susto

Si alguien pensó que la disputa política en Veracruz se calmaría, se equivocó. Ahora, el jaloneo se vive al interior del Partido Acción Nacional (PAN), donde las aspiraciones y los intereses personales han encendido los ánimos tras la encuesta realizada el fin de semana para definir a sus candidatos a las alcaldías del estado.

Lejos de fortalecer la unidad, el proceso interno ha dejado inconformes a varios actores políticos que se sienten relegados o, peor aún, traicionados. No es la primera vez que en el PAN los acuerdos cupulares generan fracturas, pero en esta ocasión el descontento es evidente.

Los resultados de la encuesta, en lugar de cerrar filas, han abierto aún más la disputa en algunos municipios clave, donde el respaldo ciudadano se convierte en un activo valioso para las próximas elecciones. La pregunta ahora es si el PAN logrará recomponer el camino o si esta división interna terminará beneficiando a sus adversarios políticos.

Quejas

Mientras los partidos afinan sus candidaturas rumbo a las elecciones, el Tribunal Electoral de Veracruz enfrenta un aluvión de quejas. Sin embargo, más allá de los habituales señalamientos por actos anticipados de campaña y precampaña, hay un problema que persiste y se agrava: la violencia política en razón de género.

Según una magistrada, este fenómeno representa el 40% de los asuntos que actualmente revisa el Tribunal. Y detrás de estas cifras hay una realidad preocupante: muchas mujeres desisten de participar en política por miedo a ser violentadas. La presión no solo viene de sus adversarios, sino incluso de sus propios círculos cercanos, que las disuaden de contender para evitar que enfrenten ataques.

Es un reflejo de una democracia que, pese a los avances en paridad de género, sigue sin garantizar un terreno parejo para las mujeres. La existencia de mecanismos de defensa, como la Defensoría Pública especializada del Tribunal Electoral de Veracruz, es un paso importante. Pero si las mujeres aún temen postularse, significa que las garantías sobre el papel no han sido suficientes para cambiar la realidad en el terreno.

El reto no es menor: lograr que las candidaturas femeninas sean una verdadera opción, no solo una obligación legal.