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El pasado 28 de junio del año en curso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) "le entregó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, los primeros informes individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública 2023", derivados de 68 auditorías practicadas a Dependencias y Entidades Federales, así como a las Entidades Federativas, "donde se incluye Veracruz".
Tratándose de los estados, informó los resultados de la fiscalización del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), uno de los 8 fondos que integran el Ramo 33, recursos que en Veracruz son ejercidos por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA).
El dictamen que emite la ASF en el Informe Individual de la auditoría 2049, "señala que el estado de Veracruz infringió la normativa", principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones y en materia de servicios personales; y en materia de adquisiciones; así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley de Adquisiciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 73.3 millones de pesos, según los 5 pliegos de observaciones determinados.
En el informe individual correspondiente, se identificó que es recurrente el señalamiento al IVEA, por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, tanto por servicios personales, como por materiales y suministros, así como por la contratación de 117 personas que prestaron servicios legales, de contabilidad y auditoría, y el arrendamiento de equipo de transporte; asimismo, le señala realizar pagos a un trabajador sin tener un contrato y pagarle a otro por encima del monto estipulado en su contrato.
Por cuanto hace al CONALEP, la ASF le señala un probable daño patrimonial, por realizar pagos por encima de los montos establecidos en los contratos de honorarios, pagos efectuados a trabajadores que no acreditaron el nivel académico requerido para los puestos que ocuparon, de los cuales, un trabajador ya había sido señalado en la fiscalización de la Cuenta Pública 2022 y continuó laborando en el ejercicio 2023, por lo que derivó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, "es decir, le dará vista a la Contraloría General del Estado para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, en contra de los servidores públicos que resulten responsables".
Asimismo, la ASF determinó un total de 8 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, esto debido a que la SEFIPLAN (Secretaría de Finanzas y Planeación) transfirió de manera extemporánea los recursos del FAETA a IVEA; el CONALEP y el IVEA no administraron los recursos en una cuenta bancaria específica; el CONALEP no efectuó correctamente los registros contables; no se aplicó la totalidad de los recursos en los objetivos del fondo, dado que se efectuaron reintegros a la Tesorería de la Federación y no se verificó que un trabajador que no cumplía el perfil continuó laborando en el CONALEP.
En estos casos, los Órganos Internos de Control - contralorías internas - correspondientes deberán realizar las investigaciones y de ser el caso, determinar responsabilidades administrativas, para los servidores públicos que estén involucrados.
En este sentido, si bien 73.3 millones de pesos, no es un monto menor, llama la atención el hecho de que con los resultados de una sola auditoría, el Estado de Veracruz vuelva a ser de las entidades federativas más observadas, cuando parecía que eso había quedado atrás con la actual administración por terminar.
En febrero de 2022, la entonces Contralora Mercedes Santoyo, señalaba en rueda de prensa, que Veracruz se ubicaba en el lugar número 20, es decir, era de las entidades federativas menos observadas, tratándose de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020; en ese entonces, informó que de las 34 auditorías practicadas por ASF, esta instancia fiscalizadora había observado al estado un total de 157.3 millones de pesos.
Esto es, con los resultados de una auditoría a la Cuenta Pública 2023, ya se alcanzó un 46.5% del total observado en la Cuenta Pública 2020.
Y esto hace que nos venga a la mente la función de enlace que justamente tiene la Contraloría General del Estado, con la (ASF) Auditoría Superior de la Federación ¿Cómo es que no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto? ¿Qué hizo o dejó de hacer el personal de la Contraloría involucrado? ¿Qué hizo o dejó de hacer el personal del IVEA y el CONALEP?
Ahora bien, ¿Qué podremos esperar del resto de las auditorías de la Cuenta Pública 2023? ¿Qué pasará cuando la ASF fiscalice el actual ejercicio 2024 y no estén los actuales servidores públicos para atender las observaciones? Y es que la Gobernadora electa Rocío Nahle a través del experimentado Ramón Santos Navarro - próximo Contralor General del Estado - se espera tomen cartas en el asunto desde ahora que se inicia el proceso de entrega-recepción, con los servidores públicos responsables y que se supone estarían por salir.
¿Qué hará el Gobierno por iniciar funciones para solventar esas observaciones, que por lo que se ve podría dejar la administración actual?
La ASF fiscaliza los recursos públicos que la federación le otorga a Estados y Municipios, y en este sentido aún falta mucho por conocerse y saber, y que es lo que sigue con otros pisos del gobierno - por concluir - y los ayuntamientos veracruzanos aún en funciones.
¡ES CUANTO!
José Luis Enríquez Ambell
enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com