BARR Y CIENFUEGOS

El jueves pasado, en la columna que escribe semanalmente en el influyente diario neoyorquino The Wall Street Journal, William Barr, quien fue el fiscal estadounidense número 85 con Donald Trump, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalándolo de ser “hoy el principal facilitador de los cárteles” del narcotráfico e imputándole que “los protege invocando constantementela soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas”.

Ante la crisis generada por el incontrolable tráfico de fentanilo –una potente droga que ha venido causando alrededor de cien mil muertes al año en Estados Unidos–, Barr retomó la iniciativa que en enero pasado habían presentado en la Cámara de Representantes los republicanos Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida, la cual había pasado desapercibida, y se sumó a su propuesta de otorgar al presidente Joe Biden la autoridad para que use alEjército de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos, a los que tildó de narcoterroristas, comparándolos inclusive con el grupo terrorista islámico ISIS.

Y pese a que el jurado de una Corte federal de Nueva York acaba de declarar culpable al exsecretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de proteger especialmente al Cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el exfiscal trumpista publicó: “Los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. La excepción fue el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que quería ir por todas contra los cárteles, pero las prioridades estadounidenses estaban en otra parte en ese momento.”

Afirmó que “la ‘cabeza de la serpiente’ está en México, y allí es donde debe dirigirse el eje principal de nuestros esfuerzos”.

Sin embargo, como fiscal estadounidense –cargo que desempeñó del 14 de febrero de 2019 al 23 de diciembre de 2020–, Barr, todavía un mes antes de su renuncia, entregó a la Fiscalía General de la República (FGR), a petición del gobierno de López Obrador, al general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, quien había sido detenido en octubre de ese año en el aeropuerto de Los Ángeles por la agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

Dos meses después, en enero de 2021, la FGR terminó exonerando al extitular de la Sedena al determinar que no se relacionó con narcotraficantes; “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada (Cartel del H-2, de los hermanos Beltrán Leyva) por las autoridades estadounidenses y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.

De esta manera, a diferencia del caso de García Luna –en cuyo juicio no se presentaron pruebas contundentes, más que los dichos de algunos testigos protegidos–, la FGR en México desechó las supuestas evidencias obtenidas por la DEA con las que pretendía enjuiciar en Estados Unidos a Cienfuegos por presuntos vínculos con el narcotráfico y por lo que fue detenido en el aeropuerto angelino el 15 de octubre de 2020, permaneciendo solo cinco semanas en prisión.