Siguen los excesos policiacos

Después de los casos trágicos que ocurrieron en el sexenio anterior, los veracruzanos esperaban que en esta nueva administración que encabeza la gobernadora Rocío Nahle no se volvieran a repetir los criminales abusos de los cuerpos policiacos, máxime que la propia mandataria estatal de Morena debió enfrentar como candidata los fuertes reclamos de familiares y amigos de las víctimas, como le ocurrió en su visita a Lerdo de Tejada. 

Y es que este viernes 28 de febrero, en Fortín de las Flores, fue asesinado Pablo Ortigoza Martínez, un joven universitario y boxeador amateur de 19 años de edad, quien fue acribillado arteramente por un elemento de la policía municipal cuando caminaba hacia su domicilio en la colonia Ricardo Ballinas. Una patrulla le marcó el alto, pero al sentir temor de ser incriminado injustamente, decidió no detenerse. A pesar de que el estudiante no portaba ningún tipo de arma, el uniformado abrió fuego contra Pablo, cuando estaba a cien metros de su domicilio en la colonia Ricardo Ballinas.

Sus familiares y amigos exigen justicia y que el caso no sea relegado por la Fiscalía General del Estado.

Pero el caso de este joven de Fortín de las Flores es sólo uno de los tantos abusos policiacos que agentes de las corporaciones estatales y municipales han cometido contra ciudadanos de diversas regiones de Veracruz.

El 19 de enero de 2024, pobladores quemaron el palacio municipal de Lerdo de Tejada e intentaron linchar a tres policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por la muerte del joven Brandon de Jesús Arellano Cruz, quien por no detener su automóvil fue ejecutado arteramente por la espalda por un elemento de esta corporación policiaca. Familiares y vecinos de la víctima intentaron linchar a los uniformados e incendiaron el palacio municipal.

Posteriormente, el 20 de junio de ese mismo año, elementos de la Fuerza Civil abrieron fuego en contra de manifestantes de la congregación de Totalco, municipio de Perote, que bloqueaban la carretera federal 140 Veracruz-Puebla en protesta por la contaminación de las granjas porcícolas de la trasnacional Carroll; los hermanos campesinos Jorge y Alberto Cortina, miembros del Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca Libres-Oriental, perdieron la vida por la agresión policiaca cuando huían a bordo de un tractor.

El 18 de ese mismo mes, un carnicero, locatario del mercado municipal "5 de Febrero" de San Andrés Tuxtla, murió por los golpes que le propinaron policías municipales durante el violento desalojo de los locatarios cuando se manifestaron en contra de una inconclusa obra de remodelación del ayuntamiento.

El 17 de julio de 2024, Inocencio Vázquez Rivas falleció tras ser levantado y golpeado por policías de Banderilla, municipio conurbado a Xalapa.

Y el 31 de octubre de 2024, en la colonia Los Pinos, de Las Choapas, un integrante de la Secretaría de Seguridad Pública asesinó durante un forcejeo a Abel García Sastré, quien portaba un arma blanca al participar en una riña familiar.

Tras los hechos, familiares y vecinos de Las Choapas, municipio veracruzano ubicado en los límites con Tabasco, se manifestaron frente a la delegación de la policía estatal y quemaron vehículos oficiales para exigir justicia por el asesinato.

¿Acaso los veracruzanos no merecemos policías más capacitados y, obviamente, mejor pagados?